Las plataformas digitales ejercen una capacidad efectiva para establecer, interpretar y ejecutar reglas sobre sus usuarios, aunque estos no participen directamente en su elaboración. Esta concentración de funciones plantea dudas sobre los límites del poder privado y los mecanismos disponibles para cuestionar decisiones que afectan actividades sociales, laborales y comerciales.
Durante el tercer Congreso Los usos del derecho como medio de control social, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Johanna Mildred Pinto García, investigadora vinculada con esa universidad, sostuvo que empresas como Meta y ByteDance ejercen una «soberanía normativa de facto». La académica aclaró que esta expresión no significa que las plataformas sean Estados ni que sus decisiones equivalgan a sentencias judiciales.
Según su planteamiento, el poder normativo comienza con los términos y condiciones que los usuarios aceptan para acceder a los servicios digitales. Aunque formalmente se presentan como contratos entre particulares, las empresas conservan la capacidad de modificar unilateralmente sus disposiciones. Frente a esos cambios, las personas generalmente deben decidir entre aceptar las nuevas condiciones o abandonar la plataforma.
La investigadora identificó tres funciones principales dentro de este esquema. La primera consiste en producir normas mediante contratos y políticas comunitarias. La segunda es interpretarlas, al determinar qué constituye acoso, discurso de odio, desinformación o contenido prohibido. La tercera corresponde a ejecutar las consecuencias de esas interpretaciones, mediante bloqueos, reducción del alcance de publicaciones, desmonetización o eliminación de cuentas.
A estas facultades añadió una cuarta: la posibilidad de modificar los procedimientos mediante los cuales los usuarios intentan impugnar las decisiones. De acuerdo con la especialista, las plataformas pueden cambiar tanto las reglas sustantivas como los mecanismos de revisión mientras las personas dependen de la infraestructura que las propias compañías administran.
Colonialismo digital
Para explicar esta estructura, la ponente estableció una comparación con el derecho indiano y los mecanismos jurídicos de la administración colonial. Su analogía no equipara la violencia de la conquista con las prácticas digitales actuales, sino que examina semejanzas en la organización del poder y en la capacidad de ciertos actores para establecer reglas sobre poblaciones que no intervienen en su creación.
Así, la comparación se apoya en tres características: la falta de participación de los sujetos regulados, la posibilidad de reformar unilateralmente las normas y una dependencia difícil de sustituir. En ese sentido, la académica propuso entender a las plataformas como poderes privados que operan bajo una soberanía estatal formal, y no como sustitutos del Estado.
Esta dependencia constituye una diferencia relevante respecto de otras relaciones privadas. Abandonar una red social puede implicar perder contactos, canales de comunicación y oportunidades profesionales. Por ello, la opción de cerrar una cuenta no necesariamente representa una alternativa sencilla para quienes utilizan estos servicios como parte de sus actividades cotidianas.
Asimismo, la especialista examinó los límites de los mecanismos internos de revisión. Mencionó el Oversight Board de Meta como un espacio que selecciona determinados casos y puede emitir decisiones individuales y recomendaciones. Sin embargo, cuestionó que su funcionamiento permita corregir de manera vinculante todos los problemas estructurales asociados con las reglas de la compañía.
Por su parte, la ponente advirtió además que las controversias sobre jurisdicción pueden dificultar las reclamaciones contra plataformas internacionales. En su exposición señaló que las empresas pueden invocar disposiciones contractuales sobre el lugar donde deben resolverse los conflictos, aunque los tribunales nacionales puedan examinar esas condiciones.
Desde esta perspectiva, el desafío jurídico, además de determinar si las reglas privadas están redactadas como contratos válidos, también implica examinar quién las establece, qué derechos pueden afectar y cuáles son las posibilidades reales de impugnarlas.
Para la investigadora, América Latina, particularmente México, Colombia y Brasil, tiene pendiente desarrollar respuestas regulatorias frente a estas relaciones de poder. Su propuesta apunta a reconocer que las plataformas distan de ser intermediarias completamente neutrales cuando administran espacios digitales y toman decisiones capaces de condicionar la participación de sus usuarios.
Información de NotiPress
