La libertad de prensa en las Américas enfrenta un escenario de creciente preocupación debido al incremento de la violencia contra periodistas y las presiones políticas, judiciales, económicas y digitales que buscan limitar el ejercicio informativo, advirtió Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El informe correspondiente al periodo de abril a octubre de 2026 advierte que el periodismo de investigación implica riesgos cada vez mayores, entre ellos demandas millonarias, campañas de desprestigio, despidos, detenciones arbitrarias y asesinatos de comunicadores.
Ramos señaló que el acoso político y judicial se ha convertido en un mecanismo de intimidación para debilitar y silenciar a periodistas, particularmente cuando sus investigaciones involucran intereses de quienes ejercen el poder.
Entre los casos documentados, la SIP destacó el aumento de los ataques del presidente de Argentina, Javier Milei, contra periodistas y directivos de medios de comunicación. Asimismo, manifestó preocupación por iniciativas legislativas en distintos países que pretenden sancionar la supuesta desinformación o penalizar la difusión de información de interés público, lo que podría ampliar las facultades estatales para perseguir a quienes investigan asuntos de relevancia pública.
Las demandas judiciales, una forma de presión contra los medios
El informe también advierte sobre el uso de procesos judiciales como mecanismo de presión económica. En Panamá, Corporación La Prensa enfrenta 12 demandas que, en conjunto, ascienden a 12.5 millones de dólares y que fueron promovidas por figuras políticas.
En Brasil, el documento registra 183 procesos judiciales contra la prensa en el estado de Alagoas, mientras que en Perú periodistas enfrentan demandas millonarias impulsadas por actores empresariales y políticos.
La SIP advierte que estos procedimientos pueden constituir litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP, cuyo propósito o efecto puede ser desgastar económicamente a los medios, reducir los recursos destinados a las investigaciones y desalentar nuevas publicaciones.
El exilio de periodistas agrava la crisis informativa
Las condiciones adversas para ejercer el periodismo han obligado a cientos de comunicadores a abandonar sus países. Según el informe, más de 300 periodistas nicaragüenses trabajan desde el exilio, mientras que en El Salvador más de 40 comunicadores han tenido que salir del territorio nacional. En Ecuador, la violencia del crimen organizado ha provocado la salida de alrededor de una docena de reporteros.
La Comisión de Libertad de Prensa de la SIP subraya que el exilio no garantiza el fin de las amenazas y, en cambio, puede prolongar la precariedad económica, la incertidumbre migratoria y las afectaciones psicológicas derivadas de la persecución.
Además, advierte que cada periodista que abandona su comunidad representa una pérdida para el acceso a la información, pues deja de documentar abusos, investigar irregularidades y exigir rendición de cuentas a las autoridades.
El documento también expresa preocupación por la situación de periodistas exiliados en Estados Unidos, donde las medidas migratorias han puesto en riesgo a comunicadores detenidos ante la posibilidad de ser deportados a sus países de origen, donde podrían enfrentar encarcelamiento.
Estados Unidos, entre las preocupaciones del informe
El reporte dedica especial atención a las condiciones para el ejercicio de la prensa en Estados Unidos. Entre los hechos señalados figura la exclusión de CNN, MS NOW y Politico del acceso a la Casa Blanca en septiembre de 2026, por decisión del presidente Donald Trump. En respuesta, el grupo de televisión de la prensa acreditada suspendió conjuntamente su cobertura como protesta.
También se documentan citaciones judiciales dirigidas a periodistas de The Washington Post y The New York Times, así como a un reportero independiente, con el objetivo de identificar fuentes confidenciales.
A estos acontecimientos se suma una investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) contra el programa The View, además de medidas que restringen la duración de las visas para periodistas extranjeros.
Para la SIP, las limitaciones al acceso a las autoridades, la presión sobre las fuentes confidenciales y los obstáculos para mantener la actividad informativa representan riesgos para las garantías fundamentales de una sociedad democrática.
Asesinatos e impunidad mantienen en riesgo a los comunicadores
Pese al aumento de las presiones políticas, judiciales y económicas, la violencia física continúa siendo una de las amenazas más graves contra el periodismo en la región.
El informe documenta asesinatos de periodistas en México, Guatemala, Colombia, Perú y Haití, además de secuestros y agresiones en este último país.
La organización advierte que los elevados niveles de impunidad y la falta de investigaciones eficaces e independientes no solo impiden que los crímenes sean castigados, sino que también alimentan el miedo y la autocensura entre quienes ejercen la labor informativa.
Durante su Asamblea General, la SIP rindió homenaje a periodistas asesinados, entre ellos Evelio Lisandro López Sánchez, fundador del medio Huehue es Noticia, en Guatemala; Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo en México, y Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente, en Colombia.
SIP llama a fortalecer la protección de la libertad de prensa
Ante este panorama, la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP considera prioritario garantizar investigaciones efectivas sobre los crímenes contra periodistas y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales.
Entre las medidas propuestas se encuentran establecer mecanismos eficaces contra las demandas abusivas, derogar las normas que criminalizan la labor informativa, asegurar una distribución transparente y equitativa de la publicidad oficial y proteger la confidencialidad de las fuentes periodísticas.
Asimismo, la organización exhortó a los gobernantes a detener la estigmatización contra periodistas y pidió a los Estados garantizar condiciones que permitan ejercer el oficio sin represalias.
La SIP sostiene que la libertad de prensa no debe evaluarse únicamente por la posibilidad de publicar información, sino también por las condiciones que permiten investigar sin represalias, cuestionar al poder sin temor y ejercer el periodismo sin tener que abandonar el hogar para proteger la vida.
Nota editorial: Antes de publicar, conviene corroborar las fechas, los nombres de los medios y las personas mencionadas, así como las cifras y los casos incluidos en el informe de la SIP. Por tratarse de acontecimientos de 2026, estos datos deben contrastarse con el documento original y las fuentes correspondientes.
