El nuevo reporte oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa plantea cuatro nuevas líneas de investigación que, de acuerdo con las autoridades federales, apuntan a posibles vínculos entre servidores públicos, principalmente estatales y municipales, y el grupo criminal Guerreros Unidos, en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso, Mauricio Pazarán, informaron que, a partir de un “reanálisis a profundidad” de las investigaciones, se identificaron elementos que no fueron abordados con suficiente profundidad por administraciones anteriores.
Durante una conferencia de prensa, los funcionarios explicaron que se revisaron alrededor de 80 mil cruces telefónicos correspondientes a llamadas realizadas durante la noche del ataque contra los estudiantes y en los meses posteriores. También se analizaron testimonios y resultados de diversos cateos.
A partir de estas diligencias se establecieron cuatro nuevas líneas de investigación: el análisis de las comunicaciones, la revisión de los equipos telefónicos de los normalistas, la verificación documental de los expedientes y la investigación sobre el presunto ocultamiento de videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Las autoridades indicaron que estas líneas buscan profundizar en posibles responsabilidades y vínculos entre funcionarios públicos y actores del crimen organizado, así como reconstruir con mayor precisión lo ocurrido durante las horas posteriores a la desaparición de los estudiantes.
Ejército afirma que no existen más folios por entregar
Cuestionado sobre los 853 folios cuya entrega ha sido exigida durante años por las familias de los normalistas, Arturo Medina, quien también preside la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya proporcionó toda la información requerida y que no cuenta con elementos adicionales.
Los documentos son considerados relevantes por los familiares de las víctimas, debido a que podrían contener información relacionada con el paradero de los jóvenes, desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Medina explicó que la Sedena respondió por escrito tanto al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que, después de realizar una revisión “exhaustiva y minuciosa” de sus archivos, no encontró información adicional.
Ante la pregunta de si el gobierno federal confía en la versión de la institución castrense, el subsecretario reiteró que no existen más elementos para sostener que la Sedena tenga en su poder los folios reclamados.
Cuestionan ausencia de Salvador Cienfuegos
Durante la conferencia también se cuestionó a los funcionarios sobre las razones por las que no se ha citado a declarar al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en relación con las investigaciones del caso.
Arturo Medina evitó responder directamente a esa pregunta.
El gobierno federal señaló que las nuevas líneas de investigación forman parte del proceso de revisión de los expedientes y de las diligencias realizadas durante los últimos años para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
