Las fuerzas armadas en México no han reportado de manera adecuada las detenciones que llevan a cabo y persisten los abusos a los derechos humanos perpetrados por sus miembros, según denunció este miércoles un informe de la organización Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA).

El informe, que recoge datos sobre detenciones y presuntos abusos realizados por las fuerzas del orden, alerta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una “amplia militarización” en el país, sin que exista un suficiente escrutinio o control civil.

“El Estado mexicano está concentrando cada vez más poder en instituciones conocidas precisamente por su opacidad, y lo está haciendo sin controles civiles adecuados, en un proceso que será difícil de revertir”, advierte Stephanie Brewer, directora para México en WOLA, en un comunicado.

El reporte denuncia que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no está registrando todas las detenciones que realiza en el Registro Nacional de Detenciones (RND), algo que debe hacer por ley.

Según datos obtenidos por WOLA, la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un total de 9.366 personas en 2022. Sin embargo, en el RND solo se reportaron 2.066 detenciones en el mismo periodo, lo que implica un “aparente subregistro importante” sobre las detenciones militares.

Con respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas del estado, WOLA destacó en el informe que ni la Sedena ni la Semar producen informes públicos al respecto, como también está contemplado por la ley.

El reporte también denuncia que, a pesar de que ha habido una “reducción en los niveles” de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas desde que tomó el poder López Obrador en diciembre del 2018, estas “siguen ocurriendo”.

Entre abril del 2018 y marzo del 2023 se han abierto 3.256 expedientes federales en las fiscalías estatales por presuntas torturas por parte de las fuerzas armadas y 2.727 expedientes por tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, según recoge el informe.

El informe también recuerda que se siguen cometiendo ejecuciones arbitrarias por parte de las fuerzas federales y recoge varios casos que han resonado en los últimos años en el país.

Entre ellos, la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo (Tamaulipas) cuando un grupo de soldados disparó hacia la camioneta en la que viajaban en febrero de este año o la muerte de un estudiante de 19 años en Irapuato, Guanajuato, por un disparo de un miembro de la Guardia Nacional en abril de 2022.

“Mientras que el gobierno federal suele afirmar que ya no se violan los derechos humanos” los datos que recoge el informe apuntan a la “continuación de abusos por parte de las fuerzas federales”, destacaron los autores de la investigación.

En una serie de recomendaciones, la organización pidió al gobierno mexicano que fortalezca las herramientas de rendición de cuentas y mejore los resultados de las investigaciones penales para que no se caiga en la impunidad.