Entra en vigor la llamada “Ley Antimemes” en México; establece multas de hasta más de un millón de pesos

La denominada “Ley Antimemes” entró en vigor este sábado, luego de que el decreto que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial fuera publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La reforma generó polémica durante su proceso legislativo, debido a las advertencias de organizaciones y especialistas sobre el alcance de su redacción, que, señalaron, podría dar pie a interpretaciones que afecten expresiones como la sátira, la parodia y la crítica política.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada el pasado 21 de octubre por la Cámara de Diputados, con 312 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención. Tanto el Gobierno federal como los legisladores que respaldaron el proyecto rechazaron que su propósito sea establecer mecanismos de censura.

Entre los principales cambios, la reforma endurece las sanciones contra la piratería y la falsificación de marcas. Asimismo, incorpora disposiciones para sancionar el uso comercial de elementos de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales cuando sean empleados para provocar confusión o engañar con el propósito de cometer algún delito.

De acuerdo con el artículo 403 Bis, quienes incurran en esta última conducta podrán recibir penas de uno a cinco años de prisión, además de multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a cantidades que van de los 117 mil a los 1.17 millones de pesos.

En cuanto a la falsificación de marcas, el nuevo marco legal establece castigos diferenciados según la modalidad de comercialización. Para quienes vendan u ofrezcan productos falsificados directamente a consumidores en calles o espacios públicos, se contemplan penas de dos a seis años de cárcel y multas de mil a 100 mil UMA.

Las sanciones serán mayores cuando la venta se realice en establecimientos comerciales, locales fijos, puestos temporales o semifijos, así como a través de medios físicos o electrónicos. También se consideran agravantes las actividades organizadas, sistemáticas o reiteradas, para las cuales se establecen penas de cuatro a 10 años de prisión y multas de dos mil a 250 mil UMA.

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