México sigue conmocionado tres días después del asesinato de Jesús Ociel Baena, a quien llamaban “le magistrade” por ser la primera persona de género no binario en ocupar un cargo como jurista en un tribunal y en obtener un pasaporte con esta identidad en el país.

El hallazgo este lunes del cuerpo sin vida de Baena junto al de su pareja en su residencia de Aguascalientes produjo una reacción tanto de la fiscalía estatal, que sostiene que murió a manos de su compañero, como de su familia, que rechaza esta hipótesis, así como de organizaciones y del Gobierno federal.

Estas son las seis claves del asesinato de “le magistrade” Ociel Baena.

Quién era Jesús Ociel Baena, “le magistrade”

Baena nació en Saltillo, capital del norteño estado de Coahuila, y su carrera estuvo marcada por buscar la participación de personas LGBTI en la política en México, el segundo país con más crímenes de odio de Latinoamérica, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ en México.

El pasado 17 de mayo se convirtió en la primera persona en México en recibir un pasaporte con su identidad de género no binario y en octubre de 2022 se le designó como juez en un tribunal electoral, por lo que también se considera la primera persona con esta identidad en ocupar un cargo de magistratura en el país y América Latina.

Apareció sin vida en su casa de Aguascalientes

El Gobierno mexicano confirmó el lunes su muerte tras el hallazgo de su cuerpo junto al de su pareja, Dorián Daniel Nieves, en su domicilio en Aguascalientes.

Aunque el Ejecutivo pidió entonces “no adelantarse”, las heridas de arma blanca que presentaban encendieron las alarmas de un posible crimen de odio, tal y como exigieron contemplar las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como múltiples agrupaciones LGBTI.

La fiscalía sostiene que murió a manos de su pareja

Pocas horas después del fallecimiento, el secretario de Seguridad Pública Estatal de Aguascalientes, Manuel Alonso García, y el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa, aseguraron que no encontraron rastro de una tercera persona en la vivienda y propugnaron que “podría tratarse de un tema de índole personal”.

Ante la noticia del caso y la posición oficial, organizaciones LGBTI realizaron una inédita movilización nacional con vigilias y protestas en más de 30 ciudades, donde entre las principales consignas gritaron “crimen pasional, mentira nacional” para acusar al fiscal de buscar dar carpetazo al asunto.

Siguiendo el hilo expuesto, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes defendió el martes la tesis que señala a Nieves como el asesino de Baena, quien le habría matado con una navaja para, después, suicidarse.

La familia rechaza la tesis de la fiscalía

En el funeral, la familia de Baena tachó el posicionamiento de la Fiscalía de Aguascalientes de ser “una falta de respeto a la inteligencia”, en palabras del padre de la víctima, Juan Baena.

“No es cierto lo que ellos están manejando y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que la mayoría no cree”, manifestó el progenitor.

Gobierno federal pide investigación con enfoque LGBTI

Instantes antes de que la fiscalía estatal anunciase su versión, el Gobierno federal abogó por una investigación del caso con un enfoque LGTBI y que considerase “los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género”.

Aun así, el fiscal ya había adelantado que la indagatoria se abrió “bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra personas LGBT+”.

La CNDH denuncia un “tratamiento poco adecuado”

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México acusó a la Fiscalía de Aguascalientes de realizar un “tratamiento poco adecuado” del caso de Baena, pues la investigación “no puede ser ajena a la condición de género de las víctimas”.

También exigió un examen “pronto y exhaustivo”, como pidió también el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que se contemplasen las amenazas de muerte que “le magistrade” había denunciado, motivo por el que el Poder Judicial de la Federación pidió en julio medidas de protección para Baena.