México tiene una deuda con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que aún no está saldada, y el compromiso del Estado es pagarla, dijo este viernes la abogada panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una entrevista con EFE.

“Aquí (en el caso Ayotzinapa) hay una deuda que todavía no está saldada y el compromiso de México es saldarla”, dijo la funcionaria internacional, quien también es relatora para México de la CIDH.

Para la abogada panameña, el caso de Ayotzinapa, que acaba de cumplir nueve años el 26 de septiembre, es paradigmático para la región, pues a raíz de él la CIDH creó nuevas fórmulas para coadyuvar con los Estados y trabajar con grupos de expertos para desarrollar un mecanismo de seguimiento cercano e impulsar la búsqueda de los estudiantes.

“Hoy hay un importante material preparado por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), evaluado también por la CoVAJ (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia), todas esas instituciones se han creado en la búsqueda de mejores respuestas”, dijo.

La experta consideró que el actual llamamiento del organismo es para “asegurar la justicia” en el caso y, para ello, las fiscalías especiales tienen que trabajar de una manera “especializada y comprometida” para aprovechar la información existente y llegar a la justicia.

“Sé que hay un número importante de personas detenidas, hay un número importante de documentación para trabajar”, reconoció.

“Hay cosas con las que se puede continuar una investigación, con el compromiso de que necesitándose otra información se pueda tener”, agregó.

Aseguró que, por ello, todas las instituciones tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos.

“Este es el mandato que tiene México para atender Ayotzinapa: encontrar a los chicos, justicia de ir encontrando a los responsables y que estos cumplan sus castigos”, apuntó.

México: un “ejemplo” en derechos humanos

Para la relatora de la CIDH, México ha avanzado en la identificación de las crisis en derechos humanos que se han vivido en los últimos años, especialmente con el caso Ayotzinapa y las desapariciones, que suman ya más de 110.000 en todo el país.

Y opinó que, ante este progreso, es un ejemplo a nivel regional.

“Hay una institucionalidad. Está el tema de las acciones de búsqueda, (la creación) de una comisión nacional (de búsqueda), el desarrollo de la fiscalías, pero ahí está, entonces siempre hay una necesidad de seguimiento, de rendición de cuentas, de monitoreo, cómo están funcionando, qué hace efectivo o no ese trabajo de la institucionalidad”, refirió.

Ante ello, dijo, la recomendación es que exista una “articulación institucional” para garantizar que todo lo creado funcione.

“Esto es la necesidad de que cada institución tiene que asumir su responsabilidad, pero también compartir lo que le corresponde a la otra para facilitar a la otra institución las respuestas de manera articulada, coordinada”, dijo.

Recalcó que en la región, México tiene “un liderazgo” en la búsqueda de cómo proteger los derechos humanos, pues “siempre tiene esta apertura a la escucha”.

“Eso es realmente un ejemplo y por eso pienso que México es un buen ejemplo para la región en esta materia, esta apertura al escrutinio internacional en la búsqueda del mejoramiento de sus respuestas”, indicó.