Compañeros de escuelas rurales y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 protestaron este lunes frente a las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) -ahora Centro Nacional de Inteligencia- ubicadas en la Ciudad de México, donde exigieron la entrega por parte del Ejército de documentos cruciales para dar con el paradero de los jóvenes.

Los padres llegaron junto a los estudiantes para dar un mitin recordando, a un día del noveno aniversario de los hechos, que el caso no está resuelto y que para que se pueda avanzar en la localización de los 43 es imprescindible que sean entregados los documentos que aún no han sido entregados.

Estas actas darían información acerca de la presencia de militares encubiertos en el momento de los hechos, sobre el paradero de 17 de ellos aquella noche del 26 de septiembre y del monitoreo constante por parte del Ejército de los movimientos de los estudiantes y de sus elementos durante ese día.

Después del mitin los estudiantes vandalizaron las instalaciones realizando pintadas en los muros y lanzando cócteles molotov al interior de las instalaciones, aunque las protestas terminaron sin lesionados.

Los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero mantienen, como parte de sus actividades de protesta en la Ciudad de México, un plantón desde el pasado jueves frente a la entrada 1 del Campo Militar 1 en Naucalpan, donde se concentra la información de todos los batallones del país.

Reclaman que el Ejército entregue la documentación que falta sobre el caso y que podría ayudar a dar con el paradero de los estudiantes, pese a que el pasado miércoles se reunieron con el presidente y este aseguró que ya está todo entregado.

El presidente de México dio algunos documentos a pesar de su insistencia en que todo está ya en manos de los investigadores, información que por el momento están estudiando.

En la tarde de este lunes, los padres se reunirán con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, un encuentro en el que esperan que las autoridades cambien el discurso de negar que haya información pendiente de liberar.