La disputa de Alejandro Moreno con el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó de ser un pleito doméstico. El dirigente nacional del PRI decidió llevar el conflicto hasta Washington y presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia contra tres consejeros electorales, a quienes acusa de haber vulnerado su libertad de expresión.

El senador priista pidió que las actuaciones de Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga sean revisadas bajo los alcances de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, una legislación estadounidense que contempla sanciones económicas y restricciones de entrada a ese país en casos determinados de graves violaciones a los derechos humanos o corrupción.

La maniobra coloca la confrontación política mexicana en un terreno internacional y eleva el tono de una disputa que Moreno pretende convertir en un caso de defensa de las libertades democráticas.

Alito lleva el conflicto del INE a Washington

A través de sus redes sociales, Alejandro Moreno sostuvo que la libertad de expresión debe defenderse “con firmeza” y dejó claro que su ofensiva contra los consejeros del INE apenas comienza.

La resolución del órgano electoral que, según el priista, restringió su libertad de expresión ya fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero Moreno no se quedó en la ruta jurisdiccional mexicana.

El dirigente del PRI adelantó que también recurrirá a organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que busca darle una dimensión internacional al enfrentamiento.

La apuesta política es evidente: convertir una resolución electoral en un expediente sobre libertad de expresión y, al mismo tiempo, colocar al gobierno mexicano y a sus instituciones electorales bajo el escrutinio de organismos extranjeros.

Moreno recuerda sanciones de Estados Unidos

Para justificar su estrategia, Moreno recordó que en julio de 2025 Estados Unidos sancionó al juez brasileño Alexandre de Moraes y señaló que entre los argumentos de Washington estuvieron acusaciones relacionadas con la represión de la libertad de expresión y la persecución de opositores políticos. También mencionó la revocación de su visa.

El priista utilizó ese antecedente para sostener que las autoridades estadounidenses ya han recurrido a sus herramientas legales cuando consideran que existen afectaciones graves a derechos fundamentales.

Desde su perspectiva, cualquier conducta que pueda debilitar el régimen democrático debe ser expuesta internacionalmente y, cuando corresponda, sancionada.

El PRI acusa al INE de favorecer al gobierno

Pero el mensaje de Alejandro Moreno va mucho más allá de una controversia jurídica. El dirigente priista acusó directamente al órgano electoral de estar “sometido” y al servicio del gobierno, además de tomar decisiones que, afirmó, golpean a la oposición.

La acusación abre otro frente en la permanente disputa entre el PRI y Morena, en un momento en el que los partidos opositores buscan cuestionar la actuación de las instituciones electorales y el rumbo político del país.

Moreno aseguró que el PRI utilizará “todas las vías legales e internacionales” para denunciar lo que considera un intento de silenciar a la oposición.

“No nos van a callar y vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a México”, afirmó.

En su pronunciamiento, el priista endureció todavía más el discurso y acusó a integrantes de Morena de pretender construir una dictadura “al amparo del crimen organizado”.

Así, Alito Moreno decidió sacar la pelea con el INE de la cancha electoral mexicana y llevarla hasta Washington, en una jugada que busca convertir la censura que denuncia en un asunto internacional y colocar a las autoridades electorales mexicanas bajo los reflectores de Estados Unidos.