Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no significan, por sí mismas, que las personas señaladas tengan vínculos con la delincuencia organizada ni que de manera automática deban presentarse denuncias penales en México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mandataria se refirió al anuncio realizado un día antes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que sancionó a 21 personas y 25 empresas por presuntamente actuar como líderes o “facilitadores” del cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como La Mayiza.
Entre los sancionados se encuentra Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como Ismael Zambada, conocido como Mayito Flaco e hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa y actualmente preso en Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum fue cuestionada sobre si la fiscalía general de la República (FGR) debería investigar la administración de la gobernadora bajacaliforniana ante los presuntos vínculos de su exesposo con redes de lavado de dinero.
En respuesta, la presidenta señaló que los informes de la OFAC “no implican automáticamente que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deba presentar denuncias en México”.
La mandataria explicó que, ante este tipo de señalamientos, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, realiza las revisiones correspondientes y determina si existen irregularidades financieras que ameriten otras acciones.
“Se encuentra que hay irregularidades en las cuentas de muchas de las personas que dicen, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”, sostuvo.
Sheinbaum puso como ejemplo las sanciones anunciadas meses atrás contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanos, también señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
“Fue lo mismo, fíjense, con el caso de los dos bancos y la casa de bolsa que fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro, en este caso es de OFAC. No hubo ni hay (hasta ahora) ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto de delincuencia”, afirmó.
La presidenta reiteró que una eventual irregularidad detectada por la UIF en los movimientos financieros de una persona o empresa tampoco significa, de manera inmediata, que exista una relación con grupos delictivos. Explicó que los involucrados tienen la posibilidad de acreditar el origen de sus recursos.
Detalló que, si la UIF detecta operaciones que considera irregulares, puede solicitar al banco el congelamiento o suspensión de cuentas. Sin embargo, aclaró que esta medida no necesariamente deriva en una denuncia penal, ya que la persona afectada puede acudir ante la propia UIF para explicar y acreditar el origen de los recursos.
“Entonces, la UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC, si encuentra irregularidad en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces no presenta denuncia penal en la Fiscalía”, explicó.
Finalmente, la titular del Ejecutivo federal señaló que algunas de las personas incluidas en las sanciones anunciadas por la OFAC ya contaban con carpetas de investigación abiertas en México por parte de la FGR, aunque aclaró que esta situación no se presenta en todos los casos.
