A 107 días del asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, su familia sigue sin tener respuestas sobre el crimen. No sabe quién ordenó matarlo, quién ejecutó el homicidio ni por qué las amenazas que recibió antes de su muerte no fueron suficientes para activar una protección efectiva.
Esa ausencia de respuestas llegó hasta la Cámara de Diputados.
El 6 de noviembre, familiares, periodistas y defensores de derechos humanos se reunieron en el Auditorio Norte de San Lázaro. Antes de comenzar el foro “Retos de la libertad de expresión y ejercicio periodístico en México y América Latina”, todos se pusieron de pie y dedicaron un minuto de aplausos al columnista oaxaqueño asesinado el 22 de julio. Fue un homenaje, pero también una forma de recordar a las instituciones que su caso continúa pendiente.
La exigencia de la familia fue directa: que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo la investigación un día después del homicidio, informe sobre los avances y dé resultados.
El encuentro, convocado por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), representada en México por Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez y conducido por Manuel Guzmán García, reunió a periodistas de Oaxaca, Campeche y Ciudad de México. Sin embargo, el asesinato de Leyva terminó por convertirse en el punto de encuentro de todas las intervenciones.
Porque su muerte no fue abordada únicamente como un caso pendiente de justicia. También fue presentada como parte de una realidad que amenaza al periodismo mexicano: las agresiones, las amenazas ignoradas, la judicialización de la crítica, la falta de seguridad social y la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a quienes informan.
La familia de Leyva: “pareciera que le apuestan al olvido”
Jesús Leyva Acevedo, sobrino y compadre del periodista, habló en representación de una familia que, según relató, tenía en Alejandro su principal punto de unión.
Desde la tribuna dirigió un mensaje a las diputadas y los diputados: pidió que utilicen sus atribuciones para exigir a la FGR información puntual y avances verificables en la investigación del homicidio.
“Pareciera que le apuestan al olvido, pero eso, señoras y señores, no lo vamos a permitir”, expresó.
También recordó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibió a los familiares el 3 de agosto. Desde entonces, aseguró, no han obtenido una respuesta que les permita conocer el rumbo de las investigaciones.
Leyva escribía la columna “El Zumbido del Moscardón” y había recibido múltiples amenazas antes de ser asesinado. Su caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que acompaña a numerosos crímenes contra periodistas en México: ¿qué hicieron las instituciones cuando todavía había tiempo para protegerlos?
La periodista Claudia Fernanda Martínez Sánchez agregó otro elemento a la exigencia. Informó que una semana antes del foro, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una recomendación en la que solicita al Estado ofrecer una disculpa por no haber atendido las denuncias de Leyva.
Su respuesta fue breve y contundente: “Una disculpa no lo resucita”.
La frase sintetizó el reclamo de los familiares y del gremio: las disculpas institucionales y los reconocimientos públicos no sustituyen la investigación, la identificación de los responsables ni las garantías de no repetición.
Leyva no es un caso aislado: la violencia contra el periodismo local
El asesinato del columnista oaxaqueño fue el punto de partida para dimensionar la violencia que enfrenta la prensa en el país.
Froylán Méndez Ferrer, secretario general del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), presentó la ponencia “Balas, leyes y precariedad: las tres formas de silenciar al periodismo local”. Su planteamiento fue que la violencia contra los periodistas no se expresa únicamente mediante homicidios: también opera a través de los tribunales y de condiciones laborales que dejan al gremio sin herramientas para defenderse.
Durante su intervención citó cifras de Reporteros Sin Fronteras, que contabiliza 169 periodistas asesinados en México entre 2006 y 2026. De acuerdo con los datos expuestos, el 98 por ciento trabajaba en medios locales. Leyva fue el séptimo periodista asesinado en el año, según el recuento presentado.
También mencionó el homicidio de Hamurabi Huesca Manzano, director del portal Pinotepa Comunica, ocurrido el 9 de octubre. El medio tiene más de 50 mil seguidores en la región de la Costa oaxaqueña. De acuerdo con las cifras de Artículo 19 citadas durante el foro, Huesca se convirtió en el noveno periodista asesinado en el periodo referido.
La violencia tampoco comienza ni termina con los homicidios. Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México durante 2025, una cada 19 horas. En más de la mitad de los casos, el agresor fue alguna instancia del Estado.
“Quien agrede a la prensa es quien tendría que protegerla”, señaló Méndez Ferrer.
En ese contexto, el caso de Alejandro Leyva adquiere una dimensión que rebasa a su familia y a Oaxaca: representa la urgencia de que las amenazas contra periodistas sean investigadas antes de que se conviertan en asesinatos y de que los mecanismos de protección funcionen cuando todavía pueden salvar vidas.
Las amenazas también se ejercen desde los tribunales
Durante el foro, el caso de Leyva fue relacionado con otras formas de presión que enfrentan los periodistas. Una de ellas es la utilización de procesos judiciales para inhibir la crítica y limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna de Campeche, expuso los procesos legales que enfrenta y que atribuyó a represalias de la gobernadora Layda Sansores.
Relató que se le reclaman dos millones de pesos y que se ordenó inscribir un gravamen en el Registro Público de la Propiedad sobre su única vivienda, construida con un crédito del Infonavit en un terreno que le regaló su padre.
En 2025, una jueza lo vinculó a proceso por presunta incitación al odio contra la mandataria, le prohibió ejercer el periodismo durante dos años y determinó el pago de dos millones de pesos por daño moral a favor del director de Comunicación Social del estado.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó esa resolución como una orden de censura.
“Puede ganarme el dinero, pero no me va a ganar algo que es el valor”, afirmó González Valdez, de más de 70 años.
Su testimonio permitió mostrar otra dimensión de la vulnerabilidad periodística: cuando el ejercicio informativo se enfrenta a litigios, sanciones económicas y restricciones judiciales, el mensaje puede alcanzar no sólo a quien enfrenta el proceso, sino también a otros periodistas que optan por guardar silencio ante el temor de sufrir consecuencias similares.
González Valdez propuso crear un código federal de comunicación que saque de la órbita de los gobiernos estatales las decisiones en esta materia. También planteó sancionar penalmente la prevaricación de jueces y ministerios públicos que admitan denuncias sin sustento.
La censura administrativa y el precio de preguntar
Ricardo Contreras Reyes, comisionado de Protección a Periodistas de la CIDHPDA, abordó las presiones económicas y administrativas que, desde su perspectiva, también limitan la libertad de expresión.
Recordó la frase atribuida al expresidente José López Portillo, “no pago para que me peguen”, para referirse a la dependencia de algunos medios respecto de la publicidad oficial y al impacto que, según sostuvo, ha tenido la reducción de esos recursos durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.
Aseguró que los recortes han obligado a diversos medios a reducir personal y espacios editoriales.
También describió, a partir de conversaciones con reporteros que cubren las conferencias matutinas presidenciales, prácticas de exclusión contra quienes formulan preguntas incómodas: algunos son enviados a las últimas filas y pasan semanas sin recibir el micrófono.
Según su exposición, las presiones llegan incluso a través de los propietarios de los medios, preocupados por perder contratos de publicidad oficial. Contreras atribuyó estas prácticas a funcionarios del área de comunicación presidencial, aunque sus señalamientos no han sido documentados públicamente ni respondidos por la Presidencia.
Recordó además el análisis que la consejera jurídica Luisa María Alcalde presentó en agosto, durante el espacio “Derecho de Réplica”, con nombres de periodistas y medios señalados por amplificar mensajes críticos contra el gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum negó entonces que se tratara de una lista de periodistas y defendió el ejercicio como un análisis sobre el funcionamiento de las redes sociales.
El señalamiento de Contreras fue que la censura no siempre necesita amenazas directas: también puede operar mediante restricciones de acceso, presiones económicas y decisiones administrativas que condicionan la independencia de los medios.
La “Ley Antimemes” y el riesgo de castigar la crítica
Otra de las preocupaciones expuestas en San Lázaro fue el crecimiento del acoso judicial contra periodistas.
Méndez Ferrer citó datos de Artículo 19 que señalan que durante 2025 se registró, en promedio, una nueva acción legal por semana contra integrantes de la prensa.
En ese contexto cuestionó la reforma aprobada por la Cámara de Diputados el 21 de octubre, con 312 votos a favor y 119 en contra. La modificación incorpora el artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y ha sido denominada por sus críticos como “Ley Antimemes”.
La disposición contempla penas de uno a cinco años de prisión por utilizar la identidad gráfica institucional con la intención de engañar o cometer un ilícito.
El gobierno federal y la mayoría legislativa han sostenido que el propósito es combatir la piratería y el fraude. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la disposición no se aplicará contra periodistas.
Méndez Ferrer cuestionó que esa garantía dependa de declaraciones y no de una protección expresa en la legislación. Si la sátira, el periodismo y la crítica política no son el objetivo de la reforma, sostuvo, debe establecerse claramente que esos ejercicios no constituyen delito.
La discusión se relacionó con la exigencia central del foro: que las normas y las instituciones protejan el derecho a informar y no se conviertan en instrumentos para inhibirlo.
Oaxaca: la precariedad que deja a los periodistas sin protección
El asesinato de Leyva también llevó la discusión a las condiciones en las que trabajan los periodistas oaxaqueños.
Méndez Ferrer presentó los resultados de la Primera Radiografía del Periodismo Oaxaqueño, un estudio exploratorio realizado por el SINMCO que muestra un gremio marcado por la informalidad y la falta de seguridad social.
Los datos expuestos revelan que el 88 por ciento de las personas encuestadas trabaja por cuenta propia y apenas seis de cada cien cuentan con contrato laboral. Dos de cada tres carecen de seguridad social; el 72 por ciento ha enfrentado alguna situación de violencia o riesgo y ocho de cada diez trabajan desde sus domicilios.
Este último dato tiene una implicación especial para quienes reciben amenazas: el riesgo no se queda en una redacción o en el espacio público, sino que puede llegar hasta el hogar y alcanzar a las familias.
El estudio también señala que apenas el 2 por ciento de las personas participantes tiene menos de 30 años.
“Si no cambiamos las condiciones, en diez años no habrá a quién proteger”, advirtió el dirigente sindical.
Informó que desde su fundación, en julio de 2025, el SINMCO ha documentado 76 casos de amenazas, agresiones o censura.
Recordó también que el 24 de julio, dos días después del asesinato de Leyva, entregó al gobernador de Oaxaca una propuesta para crear un Comité Estatal de Atención y Protección Integral a Periodistas y Personas Comunicadoras.
Aunque se han realizado mesas de trabajo y se designó un enlace institucional, aseguró que todavía no se ha publicado el decreto para poner en marcha el organismo.
Oaxaca continúa sin una ley ni un mecanismo estatal propio de protección para periodistas y personas comunicadoras.
Una reforma constitucional para que la protección no llegue después de la tragedia
El abogado y locutor Taré Jacob Alaníz Martínez planteó que la protección al periodismo debe tener un respaldo constitucional que obligué a las autoridades a actuar.
En el contexto de la reforma integral a la Constitución de Oaxaca, presentada por el gobernador el 3 de septiembre, expuso las propuestas que un grupo de periodistas solicitó incorporar al proyecto que analiza el Congreso local.
Entre ellas se encuentran reconocer el ejercicio periodístico como una actividad de interés público; adoptar una definición funcional de periodista; prohibir padrones, licencias o acreditaciones obligatorias; garantizar el secreto profesional y establecer obligaciones para el Estado y los municipios en materia de prevención, protección e investigación de agresiones.
También propuso fijar un plazo de 180 días para expedir una ley estatal de protección.
“La norma protege la idea, pero no a la persona”, resumió.
La propuesta busca que el reconocimiento constitucional de la libertad de expresión se traduzca en garantías para quienes ejercen el periodismo, sin que su protección dependa de registros o credenciales.
Seis exigencias para que el caso de Leyva no se repita
Al cierre de su participación, Méndez Ferrer presentó seis exigencias dirigidas al Congreso de la Unión. Aunque surgieron de un diagnóstico nacional, todas tienen relación con el contexto en el que fue asesinado Alejandro Leyva: la ausencia de garantías efectivas para ejercer el periodismo.
Las propuestas fueron:
- Expedir una ley general que establezca un piso mínimo de protección para periodistas en todas las entidades federativas.
- Asignar recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para el Mecanismo de Protección y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
- Crear un régimen accesible de seguridad social para periodistas independientes.
- Incorporar salvaguardas expresas para el periodismo, la sátira y la crítica política en las reformas penales, comenzando por el artículo 403 Bis.
- Establecer la obligación de agotar la línea de investigación relacionada con la actividad periodística en todos los casos de agresiones contra la prensa.
- Garantizar la protección sin exigir credenciales, registros o acreditaciones para reconocer a una persona como periodista.
También propuso construir una red latinoamericana de sindicatos y asociaciones de periodistas para fortalecer la defensa gremial y compartir mecanismos de respuesta ante las amenazas.
La justicia que sigue pendiente
El foro concluyó con la entrega de reconocimientos a los participantes y uno póstumo a Francisco Alejandro Leyva Aguilar. Su nombre estuvo presente desde el primer minuto de aplausos hasta las últimas exigencias formuladas ante la Cámara de Diputados.
El cartel del encuentro sostenía que sin periodistas libres no hay sociedades libres. Méndez Ferrer añadió una condición que atravesó toda la jornada: tampoco las hay sin periodistas vivos.
Pero para la familia de Alejandro Leyva, las reflexiones, las propuestas y los compromisos legislativos todavía no se traducen en justicia.
A 107 días del asesinato, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están los avances de la investigación que atrajo la Fiscalía General de la República? ¿Qué se ha hecho para identificar a los responsables? ¿Por qué las amenazas que recibió el columnista no pudieron evitar que lo asesinaran?
En San Lázaro, el periodismo llevó sus propuestas y denunció las condiciones que ponen en riesgo a quienes informan. La familia de Leyva llevó algo más urgente: la exigencia de que su muerte no quede en el olvido.
Porque ninguna reforma, ningún reconocimiento y ningún discurso sobre libertad de expresión pueden sustituir la obligación del Estado de investigar un asesinato y garantizar justicia.
Francisco Alejandro Leyva Aguilar sigue esperando que las instituciones respondan. Y su familia, que el silencio deje de ser la última palabra sobre su muerte.
Por Froylán Méndez Ferrer
