El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió que la fiscalía general de la República (FGR) inicie una investigación de oficio contra funcionarios y empresas presuntamente involucrados en irregularidades en la asignación de contratos para el suministro de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, el legislador lanzó señalamientos contra la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, y sostuvo que debe enfrentar responsabilidades penales y administrativas.
“La señora Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel”, afirmó Ramírez Cuéllar, quien también solicitó que la FGR intervenga para investigar a las empresas proveedoras y, en su caso, asegurar bienes y cuentas relacionadas con las operaciones bajo sospecha.
El diputado consideró que las denuncias sobre una presunta concentración de contratos y simulación de competencia entre proveedores requieren una investigación de mayor alcance.
En ese sentido, planteó la necesidad de realizar un “maxiproceso” que permita esclarecer el funcionamiento de una posible red de complicidades en las contrataciones de materiales e insumos electorales, un esquema que, según dijo, habría operado durante varios años sin una revisión suficiente.
Ramírez Cuéllar señaló que las investigaciones cobran especial relevancia ante los procesos electorales de 2027, cuando los partidos políticos acudirán nuevamente a las urnas. Por ello, pidió a la Cámara de Diputados profundizar las acciones de fiscalización y combate a la corrupción.
El legislador también propuso convocar a reuniones con las autoridades responsables de competencia económica y políticas antimonopólicas, a fin de revisar los posibles acuerdos entre proveedores y contratistas que habrían limitado la competencia en las licitaciones.
Asimismo, solicitó la comparecencia de representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que expliquen las posibles irregularidades relacionadas con facturación falsa y operaciones simuladas que, de acuerdo con sus señalamientos, podrían estar vinculadas con las empresas proveedoras.
El diputado calificó el caso como un problema estructural que no se limita al INE, sino que también podría involucrar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Las declaraciones se producen después de que el titular del OIC del INE expusiera ante legisladores presuntas prácticas de colusión entre cinco empresas proveedoras de material electoral, que habrían obtenido contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Hasta el momento, los señalamientos expuestos durante la comparecencia forman parte de denuncias y líneas de investigación que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes. La eventual responsabilidad administrativa o penal de los involucrados tendrá que determinarse conforme a los procedimientos legales correspondientes.
