Cinco empresas vinculadas entre sí habrían simulado competencia para concentrar contratos de suministro de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), por un monto de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025, denunció Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del organismo electoral.
Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el funcionario advirtió que se trata de un problema histórico y estructural, debido a que las compañías presuntamente operan como un oligopolio, con capacidad para influir en los precios y limitar la competencia en los procedimientos de contratación pública.
Carvente Contreras sostuvo que las empresas involucradas habrían construido un esquema de colusión mediante el cual simulan participar como competidoras en las licitaciones, aunque mantienen vínculos entre sus representantes y apoderados legales.
De acuerdo con el expediente presentado ante los legisladores, entre las irregularidades detectadas figuran incrementos artificiales de precios que, según el contralor, llegaron hasta 88 veces entre 2021 y 2024.
El funcionario identificó a cinco compañías como parte de esta estructura: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México.
En el desglose de los contratos obtenidos durante los últimos 11 años, señaló los siguientes montos:
- Cajas Graf: mil 72 millones 876 mil 165.40 pesos.
- Formas Finas y Materiales: 815 millones 961 mil 175.06 pesos.
- Corporativo Zeg: 278 millones 717 mil 552.46 pesos.
- Comercializadora JVLY: 208 millones 386 mil 239.14 pesos.
- Seriplast de México: 85 millones 123 mil 981.43 pesos.
El titular del OIC también expuso que los representantes legales de estas compañías tendrían participación cruzada en distintas firmas, situación que, desde su perspectiva, constituye un indicio de posibles acuerdos para simular concursos y limitar la competencia en las contrataciones.
Como ejemplo, mencionó a José Alfredo Hernández Casillas y a su hermano, quienes presuntamente tendrían vínculos con dos o tres de las empresas señaladas. También hizo referencia a la cercanía de Hernández Casillas con Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE, y a un viaje a París en el que habría acompañado al hijo de la exfuncionaria.
Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, Carvente aclaró que las presuntas irregularidades no se limitan a la actual coyuntura institucional del INE, sino que involucran un esquema que, según sus investigaciones, se habría mantenido durante varios años en los organismos electorales locales.
El contralor insistió en que el problema trasciende a las administraciones y funcionarios en turno, por lo que consideró necesario revisar los mecanismos de contratación y competencia en el suministro de materiales electorales.
