El tren maya, una de las obras emblema de la administración del Presidente López Obrador divide opiniones, por un lado destaca la proyección para una derrama económica de 100 mil millones de pesos y el fuerte impacto turístico debido a la movilidad que tendrá al enlazar Mérida con Cancún en trayecto de una hora y por otro los críticos que señalan afectaciones por el impacto ambiental.

El proyecto civil contempla 1,525 kilómetros de vías construidas, y se espera que pase por los estados de: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El tren viajará a una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora con 34 estaciones en su recorrido. El proyecto se encuentra ya en sus fases finales, y el mismo gobierno federal ha publicado vacantes laborales para trabajar en este.

Sin embargo, la finalización del proyecto enfrenta una puja, esto debido a la denuncia interpuesta por la empresa IMAEEF, corresponsable junto con Cotrisa ante el gobierno federal.

Fue en 2022, que luego de cumplir con los requisitos que marca la ley, que la empresa IMAEEF fue contratada para el suministro e instalación de la infraestructura eléctrica del tren maya.

Semanas después los accionistas mayoritarios interpusieron una querella ante Elizabeth Escamilla Gerónimo, socia minoritario, que fue denunciada por laborar en complicidad, junto con Heriberto Ávalos Partida, Alejandro Bustamante Velazco, Heriberto Avalos De León, Emiliano Vargas, Omar Latuff, y la Comisaria de la Sociedad Gabriela Tunal Santiago, por manejos que comprometían la viabilidad del proyecto y del compromiso adquirido, basado en la supuesta apropiación ajena de una labor eléctrica de alto impacto como el tren maya (según indica la denuncia).

Algunos de los hechos mencionados en la denuncia pública son: apropiación indebida de inmuebles y el pago de dividendos de manera no autorizada, los cuales debían imputarse al desarrollo del proyecto. Esto ha afectado tanto al Gobierno Federal como a la empresa encargada de la construcción, dada la situación con la mencionada Elizabeth Escamilla Gerónimo, quien no está relacionada con los conocimientos técnicos de la obra.

Los hechos se han presentado ante las autoridades con la carpeta de investigación, en donde se menciona que han hecho publicaciones no legales para validar propiedades empresariales a través del Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía. Dichas acciones han sido respaldadas y validadas ilegalmente Notario Público de la Ciudad de México.

Será de suma importancia para el gobierno federal, en los próximos meses, depurar dichos problemas y personas en el proyecto para evitar que las obras se vean ver afectado.

El gobierno federal se ha puesto en marcha para investigar dichos sucesos y poner orden legal al asunto. pues sin contar con experiencia técnica desde el pasado 21 de abril de 2023 las personas mencionadas, han retrasado los trabajos técnicos y va en declive el avance de la obra, reduciendo el trabajo en la electrificación.