La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto con el objetivo de fortalecer la transparencia gubernamental y garantizar un mayor acceso de la ciudadanía a la información pública, eliminando la discrecionalidad con la que funcionarios podían clasificar documentos relacionados con seguridad nacional o procesos judiciales y administrativos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria anunció además que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso enviará una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia para incorporar de manera permanente las disposiciones contenidas en el decreto.
Sheinbaum explicó que la legislación vigente permite que distintos servidores públicos determinen qué información puede hacerse pública, dependiendo de si está vinculada con temas de seguridad nacional o con procedimientos legales. Con las nuevas medidas, esa decisión dejará de recaer en el criterio individual de los funcionarios.
“Ya no quedará a criterio de un funcionario, de un secretario o de un director de área de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad decidir qué información se publica y cuál se reserva”, señaló la presidenta.
Por su parte, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, indicó que el decreto busca reforzar el principio de máxima publicidad, promoviendo la difusión de información gubernamental incluso por encima de las obligaciones mínimas establecidas en la ley.
La funcionaria detalló que el decreto, que será publicado este mismo día en el Diario Oficial de la Federación, contempla acciones en cuatro ejes principales: las contrataciones públicas, las empresas filiales de Pemex y CFE, los procesos de fiscalización y auditoría, así como la invitación a que estados, municipios y otros poderes adopten la política de máxima publicidad.
Entre las principales modificaciones destaca que todos los contratos públicos, incluidos los celebrados por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, deberán difundirse de manera mensual y ya no trimestral.
Asimismo, se simplificarán las causales de reserva de información, reduciéndolas únicamente a los casos estrictamente relacionados con la seguridad nacional y los asuntos que se encuentren bajo litigio. En ambos supuestos, el gobierno deberá elaborar y publicar versiones públicas de los documentos, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información sin comprometer datos sensibles.
