En medio del creciente debate por el aumento de denuncias relacionadas con el despojo de inmuebles en la capital del país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, pidió al Partido Acción Nacional (PAN) no utilizar el tema con fines políticos y respondió a las críticas al vincular a ese instituto con el denominado cártel inmobiliario.

La mandataria capitalina anunció que este miércoles presentará un paquete de diez acciones para fortalecer la prevención y atención del delito de despojo, una estrategia que pondrá especial énfasis en la protección de adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de ilícitos.

Las medidas contemplan el uso de herramientas tecnológicas para que las víctimas puedan reportar de manera inmediata cualquier intento de despojo, así como la implementación de protocolos únicos de actuación y mecanismos de reacción rápida para reducir los tiempos de respuesta de las autoridades.

Sin mencionar nombres, Brugada respondió a los cuestionamientos formulados por dirigentes panistas y aseguró que ese partido carga con el antecedente del llamado cártel inmobiliario, caso por el que diversos exfuncionarios y exservidores públicos han sido investigados y procesados por presuntos actos de corrupción.

“Justo de ese partido son los líderes del cártel inmobiliario, que le debe a la ciudad; algunos de ellos están en la cárcel porque fue comprobado cómo operaron para obtener recursos o inmuebles de manera fraudulenta”, declaró.

La jefa de Gobierno recordó que una de las primeras decisiones de su administración fue impulsar reformas legales para endurecer el castigo contra el delito de despojo, al convertirlo en un ilícito grave con agravantes que pueden alcanzar penas de hasta 23 años de prisión.

Brugada también informó que ya opera un Gabinete contra el Despojo, integrado por distintas dependencias del Gobierno capitalino y la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, con el objetivo de coordinar la atención de las denuncias, acelerar las investigaciones y fortalecer la recuperación de inmuebles ocupados de manera ilegal.

El anuncio de las nuevas medidas ocurre en un contexto de creciente presión política y social por los casos de ocupación irregular de viviendas y propiedades en la capital, un fenómeno que ha colocado el combate al despojo entre las prioridades de seguridad y procuración de justicia del Gobierno de la Ciudad de México.