La FGR acusa al ex gobernador de Guerrero de desaparición forzada y obstrucción de la justicia por el presunto ocultamiento y destrucción de evidencias sobre los 43 normalistas
El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quedó sujeto a prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, dentro de la investigación relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante una audiencia de más de seis horas, realizada en el Centro de Justicia Federal ubicado junto al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la fiscalía general de la República (FGR) formalizó la imputación contra el ex mandatario guerrerense.
La defensa de Aguirre Rivero solicitó que, debido a su edad y estado de salud, pudiera enfrentar el proceso bajo arraigo domiciliario. El juez de control, sin embargo, consideró que no se cumplían las condiciones legales para conceder esa excepción y determinó mantenerlo bajo prisión preventiva.
Aguirre acudió a la audiencia en silla de ruedas. Tras su detención, ocurrida la mañana del jueves en la carretera México-Querétaro, reportó un deterioro en su estado de salud y señaló que durante la noche presentó malestar, por lo que fue valorado por personal médico dentro del penal.
FGR señala presunto ocultamiento de evidencias
La acusación de la Fiscalía se concentra en los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron privados de la libertad y posteriormente desaparecieron en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la imputación presentada ante el juez, Aguirre Rivero habría ordenado ocultar y destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido aquella noche, particularmente material de videovigilancia que habría registrado acontecimientos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La FGR sustenta parte de su acusación en los testimonios de dos funcionarias del Poder Judicial de Guerrero, identificadas como Blanca “N” y Lambertina “N”, quienes señalaron que el entonces gobernador habría instruido a funcionarios estatales para ocultar o destruir información relevante para esclarecer los hechos.
Uno de los testimonios refiere que el 29 de septiembre de 2014 fue entregado a Aguirre Rivero un disco con imágenes de las cámaras de vigilancia. Según esa versión, al día siguiente el entonces gobernador habría convocado a colaboradores cercanos, entre ellos el procurador de Justicia estatal, Iñaki Blanco, para abordar el destino de esa evidencia.
Estas afirmaciones forman parte de la imputación y deberán ser analizadas durante el proceso judicial.
Aguirre niega responsabilidad y dice tener la conciencia tranquila
Durante la audiencia, el ex gobernador escuchó la exposición de la Fiscalía y mostró desacuerdo con varios de los señalamientos.
Aunque inicialmente se reservó su derecho a declarar, al final tomó la palabra para lamentar la desaparición de los estudiantes y sostener que siempre colaboró con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
“Yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”, afirmó Aguirre Rivero.
La defensa busca que el juez valore las condiciones personales y de salud del ex mandatario, mientras que la Fiscalía sostiene que existen elementos para atribuirle una posible participación en el ocultamiento de información relacionada con el caso.
Juez decidirá si Aguirre es vinculado a proceso
La audiencia continuará el martes 11 de agosto, mientras que el juez tendrá hasta el miércoles 12 de agosto, a las 20:00 horas, para determinar si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso al ex gobernador.
La FGR le atribuye los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia, bajo la hipótesis de que habría ordenado la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los normalistas.
Aguirre Rivero fue detenido el jueves por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, luego de ser localizado sobre la carretera México-Querétaro. Posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial federal con sede en el Altiplano.
FGR asegura que reabrió líneas de investigación
Tras la audiencia, el Ministerio Público Federal sostuvo que la acusación forma parte de un nuevo modelo de investigación sobre el caso Ayotzinapa, desarrollado en coordinación con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
La Fiscalía señaló que el análisis de las actuaciones existentes permitió abrir nuevas líneas de investigación y revisar de manera exhaustiva información que ya formaba parte del expediente.
Según la FGR, los nuevos trabajos de investigación aportaron datos que apuntan a una posible participación de Aguirre Rivero en el ocultamiento de evidencias para esclarecer el paradero de los estudiantes.
La dependencia sostiene además que cuenta con elementos que apuntan a que las instrucciones para ocultar esas evidencias habrían sido giradas directamente por el entonces gobernador, con la participación de funcionarios estatales de alto nivel.
Por ahora, esas acusaciones deberán ser sometidas al escrutinio judicial. La decisión clave llegará el 12 de agosto, cuando el juez determine si Aguirre Rivero enfrentará formalmente un proceso penal por los hechos vinculados con uno de los episodios más graves de violencia y desaparición de la historia reciente de México.
