El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ordenará el bloqueo de todos los “buques petroleros sancionados” que tengan como destino Venezuela, intensificando así su postura contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El anuncio fue realizado a través de una publicación en su red social Truth, donde acusó al régimen venezolano de terrorismo, narcotráfico y apropiación indebida de activos.
En su mensaje, Trump aseguró que Venezuela se encuentra “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que el cerco militar se incrementará progresivamente, anticipando una ofensiva sin precedentes contra Caracas.
“La conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, escribió el mandatario estadounidense.
Trump afirmó que, a su juicio, “el régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, y sostuvo que, por estas y otras razones, Washington ha designado al gobierno venezolano como una organización terrorista extranjera.
El presidente estadounidense también señaló que los “inmigrantes ilegales y criminales” que, según él, fueron enviados a Estados Unidos por el gobierno venezolano durante la administración de Joe Biden, están siendo devueltos a Venezuela de manera acelerada.
Asimismo, reiteró que su gobierno no permitirá que “criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación”, ni que “un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo”, los cuales —enfatizó— “deben ser devueltos de inmediato a Estados Unidos”.
Desde Caracas y entre analistas críticos de la política estadounidense hacia Venezuela, se subraya que ha sido Estados Unidos quien ha retenido y administrado activos petroleros venezolanos en el exterior, particularmente la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal PDVSA, cuya gestión fue transferida con el respaldo de Washington.
Para el gobierno venezolano, estas acciones representan un despojo ilegal de recursos nacionales y un ejemplo del uso de sanciones como mecanismo para apropiarse de bienes estratégicos del país sudamericano.
