El Tribunal Electoral de México ordenó este lunes modificar los lineamientos de recolección de firmas para un referéndum revocatorio del mandato presidencial y admitir que se recaben en formatos físicos y mediante dispositivos electrónicos.

El referéndum de revocación a mitad de mandato es una de las promesas electorales de Andrés Manuel López Obrador, presidente desde 2018, para, según ha dicho, suprimir privilegios y fomentar una democracia directa en México.

En un comunicado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dijo que, tras haber analizado y discutido 11 medios de impugnación, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe modificar los lineamientos y establecer que para “recabar las firmas de apoyo deberán facilitarse en todo el país formatos físicos y en dispositivos electrónicos”.

Esto para que la ciudadanía interesada cuente con la posibilidad de elegir el medio que más les convenga.

En el caso del uso de la aplicación móvil para captar firmas ciudadanas, el tribunal señaló que “debe ser una herramienta exclusiva de zonas urbanas, centros de población, las zonas metropolitanas y las megalópolis, mientras que en zonas rurales se deben permitir el uso de los formatos impresos y la aplicación electrónica”.

También señaló que es violatorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato que los lineamientos establezcan la posibilidad de que el presidente de la República tenga “derecho a opinar e informar acerca de la continuidad de su cargo”.

Esto en virtud de que la propia Ley dispone que el INE es la única entidad facultada para “emplear recursos públicos en la promoción objetiva, imparcial y con fines informativos de la participación ciudadana en dicho proceso”, por lo que el presidente “tiene prohibido influir en la opinión de la ciudadanía durante el proceso de la revocación de mandato”.

El pleno de la Sala Superior del TEPJF destacó que la figura de revocación de mandato “es de reciente incorporación al marco constitucional mexicano, por lo que es de suma relevancia garantizar su correcta reglamentación y propiciar el involucramiento de la ciudadanía”.

Y no solo como un derecho individual, sino como un derecho de ejercicio de participación política de carácter colectivo.

A finales de agosto, el INE presentó su propuesta de presupuestos para 2022, que contempla destinar 3.800 millones de pesos (183 millones de dólares) a la consulta de revocación.

El pasado 1 de agosto, solo el 7 % del censo votó en la consulta popular convocada por López Obrador sobre enjuiciar a los expresidentes del país, ante lo cual el gobernante partido Morena culpó al INE de boicotearla y la autoridad electoral respondió que no tuvo suficiente presupuesto.