• Negro historial de un “trapecista” político con fines electorales
• PAN, acusa al alcalde por uso irregular de programas sociales y desvío de recursos públicos por 232 MDP

Por Guillermo Pimentel Balderas

Hoy, Víctor Hugo Romo, al parecer, sigue en las mismas andanzas, y en esta ocasión, nuevamente, el Partido Acción Nacional lo denuncia y lo acusa de defraudación y presenta pruebas ante la Contraloría capitalina del uso político de programas sociales, uso indebido y desvío de recursos públicos y nepotismo en perjuicio de alrededor de 232 millones de pesos de las arcas públicas.

En entrevista con este reportero –vía telefónica-, Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN en la capital de la república, recordó que, de 2018 a la fecha, estos delitos representan una falta grave porque implican el desvío de recursos públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Incriminó la existencia de una red de nepotismo que integran al menos nueve operadores,  “este es el nivel de cinismo y descaro con el que el alcalde en Miguel Hidalgo ha construido la mafia, para usar los programas sociales con fines electorales”, afirmó el político.

Atayde Rubiolo, exigió a la Contraloría capitalina una investigación a fondo y detalló que es a través del programa La Empleadora como se coacciona a los beneficiarios y promotores para llevar a cabo dichas actividades. “No menor, es un acto de corrupción”, inculpo.

El líder del panismo local, reprobó que Romo Guerra utilice la emergencia sanitaria por el coronavirus como pretexto para justificar el uso político del programa La Empleadora para construir su estructura electoral personal, lo cual – insistió – es ilegal e inmoral en un momento en el que miles de capitalinas y capitalinos requieren los programas sociales, para no morir de hambre. “Existen evidencia de charlas de WhatsApp en las que se coacciona a los beneficiarios”, reveló.

Atayde Rubiolo, dijo que como se expuso en la conferencia virtual, “no va solo la denuncia, contra Romo Guerra, sino también contra los titulares de las áreas administrativas de la Dirección General de Desarrollo Social, de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, de la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales y quienes resulten responsables, por su tolerancia, aceptación, colaboración, participación, complicidad o encubrimiento en dos delitos: uso político de los programas sociales y peculado”, imputó.

El dirigente panista capitalino se congratuló de que, la Controlaría General de la Ciudad de México haya recibido el documento (denuncia) y lo haya registrado con el folio SIDEC2008444DENC.

Se unen a demanda diputados locales

En tanto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso no aprobaron la creación de un padrón elaborado bajo criterios políticos como sucede hoy en día en la alcaldía Miguel Hidalgo con La Empleadora.  

En una rueda de prensa virtual, por ejemplo, Mauricio Tabe Echartea, coordinador de la bancada en el Congreso capitalino, respaldó la decisión del PAN CDMX de denunciar este tipo de hechos que configuran el posible peculado y junto con las diputadas y los diputados de su partido presentaron pruebas de estos actos que consideraron ilegales y además, denunciaron una campaña negra en contra del PAN.

“Que se castigue severamente el uso político de los programas sociales, éste ha sido un señalamiento de Morena y ahora el llamado debe ser a ser consistentes en los hechos”, sentenció.

Luego, hizo un llamado a no utilizar los programas sociales para golpear políticamente ni para hacer redes de operadores políticos. “En este momento, debemos sumar fuerzas para ayudar a la gente y no adelantar tiempos políticos. Hago un llamado a los Alcaldes a gobernar y no dedicarse a difamar pero sobre todo a no jugar con la necesidad de la gente”, remarcó.

La legisladora Gabriela Salido Magos, abogó por instalar candados en lo que tenga que ver con política social en tiempos electorales y acabar con conductas que desvirtúen los propósitos de cada programa en apoyo de familias.

César Garrido López, denunció el uso de recursos públicos humanos y financieros para difundir un periódico denominado “Alcaldes”, mediante el cual se promueve electoralmente a Romo; además de denostar la imagen pública del Coordinador del PAN en el Congreso, así como a diversos actores políticos de este instituto político.

La diputada América Rangel Lorenzana insistió en la debilidad y falta de claridad en las Reglas de Operación de este programa en específico, por lo que solicitará un informe, vía transparencia, sobre la evolución del padrón de beneficiarios.

En su momento, el diputado Jorge Triana Tena, dijo que se trata de una estrategia electoral disfrazada de ayuda social, lo que podría verse como una ‘elección de Estado’ para 2021 en la demarcación, donde Morena comienza a dar signos de desesperación por la reducción en los niveles de aceptación y recurre al ataque como salvación.

“Esta maquinaria que se viene articulando a través de estructuras clientelares en la Alcaldía, se ve reflejada con estas pruebas contundentes y viene a sumarse a las quejas de Comités Vecinales que tienen que ver con el reparto de enseres y de despensas con el nombre de Romo”, determinó.

Las andanzas de un trapecista

En Enero de 2015, la entonces asambleísta del PAN en la Miguel Hidalgo –hoy diputada local-, Gabriela Salido Magos, se quejo de que, habitantes de esta delegación -hoy alcaldía-, experimentaron la alternancia política y tuvieron oportunidad de conocer la incapacidad administrativa que tuvo el PRD, teniendo al frente a Víctor Hugo Romo Guerra.

Acuso que, como muestra, no cumplió Romo con la transparencia en obras que presumió como por ejemplo, la recuperación del parque Winston Churchill, mejor conocido como El Mexicanito, en Polanco, al que se le han destinado recursos sin que haya avances.

También,  en mayo de 2016, la entonces jefa delegacionalen Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez –hoy Senadora-, levantó una denuncia ante la Contraloría General de Gobierno para esclarecer irregularidades en este parque. Dicho proyecto tuvo un presupuesto inicial de 9.7 millones de pesos y terminó costando más de 15.

Aseguró la hidalguense que no hubo documentación en los archivos de la obra, como autorización presupuestal, convocatoria, estado de capacidad financiera o contable, relación de materiales y maquinaria, relación de contratos, entre otras irregularidades.

Entonces, se hizo extensiva la solicitud de auditoría a la Secretaría de la Función Pública (SFP), porque fue con recursos federales. Se público el oficio emitido a la contraloría, donde se señalan las posibles faltas administrativas del contrato: DMH-LPFO-131-13. Sin embargo, todo se encasillo.

Ya como alcalde, Romo fue acusado por empresarios de cobrar “renta” para poder trabajar y demandaron el cese de acciones gansteriles en su contra. Inclusive, pidieron a Claudia Shembaum se le investigue por sus excesos e irregularidades. Los afectados (de acuerdo a la nota publicada el 8 de abril de 2019, Diario El Día, pagina 7), el ex perredista ahora morenista, les pidió de enteada alrededor de 15 millones de pesos para permitirles trabajar a varios negocios, entre ellos bares.