La Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer) alertó este lunes sobre una iniciativa que prohíbe los pepenadores (personas que trabajan recolectando desechos) en Baja California Sur, estado del noroeste del país, lo que afectaría a al menos 25.000 trabajadores.

“La postura de nosotros es la misma postura que tenemos en contra de todas las leyes que están perjudicando al sector, que son engañosas, que son producto de la corrupción, de intereses mezquinos, económicos y que nada favorecen al medioambiente”, expuso Francisco Uriostegui, presidente de Conimer, en entrevista con Efe.

El líder empresarial se refirió a la iniciativa de Ley de Manejo Integral de Residuos Sólidos que se propuso el mes pasado en el Congreso de Baja California Sur, lo que impactaría a toda la cadena del reciclaje, desde los acopiadores y recicladores de plásticos hasta los dueños de los pequeños negocios.

La legislación prohibiría en su artículo 45 “pepenar (recolectar) residuos sólidos urbanos o de manejo especial” que estén en la “vía pública”.

Además, obligaría a los generadores de residuos a entregarlos al servicio público de limpia, lo que desincentiva, según la Conimer, que los usuarios lleven sus productos de reciclaje con empresas que se dedican a este proceso.

La ley también ha recibido críticas porque responsabiliza a las empresas del destino de los empaques de sus productos e implementa medidas sobre el manejo de residuos sólidos que los pequeños negocios tendrían que pagar.

La nueva normativa afectaría en particular a los pepenadores, una población vulnerable, denunció Uriostegui.

“Todos vamos a ser afectados en Baja California Sur, pero quienes van a ser más afectados es el eslabón primario de inicio, y son madres solteras, adultos mayores, jóvenes, niños, que no tuvieron otra alternativa más que comer de la basura. El Gobierno no les da nada y lo poco que tienen se lo quieren quitar”, aseveró.

El líder industrial acusó al oficialismo de promover iniciativas similares en otros estados y a nivel nacional, lo que pone en riesgo a cerca de 6 millones de personas que se dedican al ramo.

“La naturaleza de nuestro trabajo, nada más con lo que hacemos para ayudar a nuestras familias, es ser más amigables con el medioambiente porque separamos, de ahí comemos, de ahí generamos fuentes de empleo y riqueza, dignificamos la imagen de México, y los políticos ya lo vieron como un nicho de mercado para ellos”, dijo.

Afirmó que “no son las medidas adecuadas” porque responden a “un interés económico” de los políticos que impulsan los cambios.

Por ello, sugirió que “toda la cadena productiva de la industria de reciclaje siga tal cual como está”.

“Con un proyecto integral, que sea incluyente desde el eslabón primario y que dejen a todo el eslabón seguir operando, que nos den la oportunidad de normarnos, regularizarnos para que generemos más fuentes de empleo”, pidió.