La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impulsa una herramienta digital para combatir la repetición de cobros municipales desproporcionados que, pese a haber sido declarados inconstitucionales, continúan apareciendo en las leyes de ingresos de distintos ayuntamientos.
La problemática ha generado cientos de expedientes que llegan al máximo tribunal por conceptos como la expedición de copias certificadas, el alumbrado público y las licencias de construcción, lo que representa una carga recurrente para la impartición de justicia.
Uno de los casos más representativos se registró en San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca, donde se estableció un cobro de 120 pesos por expedir una copia de un documento de los archivos municipales, pese a que el costo estimado del servicio era de apenas 76 centavos. La tarifa, casi 158 veces superior al costo calculado, fue invalidada por la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 31/2026.
Estos asuntos, conocidos como de “vigencia anual”, se originan cuando los municipios reproducen en sus leyes de ingresos disposiciones que ya han sido declaradas contrarias a la Constitución. Como consecuencia, los casos vuelven a presentarse ante el tribunal cada año.
La magnitud del problema quedó evidenciada el pasado jueves, cuando el pleno de la SCJN resolvió más de 30 asuntos relacionados con leyes de ingresos municipales. Ante esta situación, el 28 de septiembre el máximo tribunal acordó analizar los expedientes de manera conjunta para agilizar su resolución.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que se trata de controversias recurrentes en las que diversos municipios mantienen disposiciones similares a otras previamente invalidadas, lo que obliga a la Corte a pronunciarse nuevamente sobre los mismos vicios de inconstitucionalidad.
De acuerdo con cifras del tribunal, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se resolvieron 118 asuntos de esta naturaleza. Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Tlaxcala concentraron el mayor número de casos, principalmente por tarifas relacionadas con copias de documentos, infracciones y permisos de construcción.
Con el uso de herramientas digitales y la revisión conjunta de expedientes, la SCJN busca agilizar el análisis de estas controversias y evitar que los mismos problemas se repitan año tras año, fortaleciendo el control constitucional sobre los cobros establecidos por los gobiernos municipales.
