La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó hoy que 30 años después del asesinato del periodista mexicano Víctor Manuel Oropeza Contreras “el crimen sigue en la impunidad” y pidió al Gobierno de ese país “poner fin a la ausencia de justicia”.

El presidente de la subcomisión de la SIP contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, calificó de “lamentable” que tres décadas después no haya resultados sobre el caso de este periodista y médico asesinado el 3 de julio de 1991, a la edad de 60 años.

“La falta de resolución de los casos de asesinatos contra periodistas, la violencia y la impunidad, restringen la libertad de expresión y de prensa, tal como lo expresa nuestra Declaración de Chapultepec”, señaló Ealy Lanz-Duret.

“La SIP está comprometida a seguir exigiendo que el crimen de Víctor Manuel Oropeza no quede impune y haremos todo lo posible para que no caiga en el olvido y que el Estado repare de forma digna a la familia”, añadió.

Oropeza, que ejerció durante 28 años el oficio, publicaba desde 1984 en el Diario de Juárez, de Ciudad Juárez, su columna “A mi manera” en la que criticó y denunció la “estrecha relación” entre los cuerpos policíacos y los narcotraficantes.

El día de los hechos unos desconocidos ingresaron a su consultorio y le apuñalaron, tras lo cual la familia de su viuda, Patricia Martínez Téllez, fue amenazada, según la SIP.

La organización en defensa de la libertad de prensa, con sede en Miami, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 1997, entidad que admitió el expediente y le asignó el número 11.740.

En su argumentación, la SIP dijo que las deficiencias en el proceso de investigación del asesinato “violaron normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referentes a los derechos a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, las garantías judiciales y la protección judicial”.

A partir de entonces, el caso Oropeza pasó por varios procesos de discusión con autoridades de distintos Gobiernos de México, pero quedó estancado en 2007, para luego retomar las conversaciones a fines de 2019 con representantes del Estado.

En la actualidad la SIP y la familia analizan un “posible acuerdo de solución amistosa” con el Estado que incluya, entre otras medidas, “una investigación diligente del asesinato, la identificación y sanción de los responsables, el reconocimiento de responsabilidad del estado y la compensación para los familiares de la víctima”.