De Política Alejandro Álvarez Manilla

No porque los memes sean intocables. No lo son. Tampoco porque el Estado deba quedarse cruzado de brazos frente a quienes utilizan logotipos oficiales, documentos falsos o identidades institucionales para engañar, estafar o cometer delitos. Eso debe perseguirse.

El problema aparece cuando, bajo el argumento de combatir esas conductas, se construye una legislación con conceptos lo suficientemente amplios como para que algún funcionario pueda decidir dónde termina la parodia y dónde comienza el delito.

Ahí es donde la llamada “Ley Antimemes” deja de ser una discusión sobre memes y se convierte en una discusión sobre poder.

El Senado aprobó una reforma que incorpora sanciones por el uso indebido de identidad gráfica institucional y documentos oficiales cuando se utilicen para inducir a error o engaño. El artículo 403 Bis contempla penas que pueden llegar a cinco años de prisión y multas elevadas.

El Gobierno puede decir que la reforma no prohíbe los memes. Formalmente, es cierto: el texto no dice “queda prohibido hacer memes”. Pero ese no es el punto.

El verdadero problema de una ley no siempre está en lo que prohíbe expresamente, sino en lo que permite interpretar.

Una caricatura puede utilizar el escudo de una institución. Una cuenta satírica puede imitar los colores de una dependencia. Un ciudadano puede modificar una imagen oficial para burlarse de una decisión gubernamental. Un periodista puede utilizar elementos gráficos de una institución para ilustrar una crítica.

¿Dónde termina la sátira y dónde empieza el “engaño”?

Si la respuesta depende del criterio de la autoridad, tenemos un problema.

Y si además hablamos de sanciones penales, el problema se vuelve todavía mayor.

Porque el ciudadano común no debería tener que contratar a un abogado antes de publicar una imagen para saber si está ejerciendo su libertad de expresión o cometiendo un delito.

La oposición ha advertido precisamente sobre esa ambigüedad. La senadora Guadalupe Murguía sostuvo que la redacción puede abrir la puerta a sancionar caricaturas, cartones, memes y expresiones críticas, y argumentó que una norma penal imprecisa puede producir autocensura.

Y ahí está la palabra que debería preocuparnos: autocensura.

No hace falta que encarcelen a cien personas para que una ley tenga un efecto sobre la libertad de expresión. Basta con que cien mil personas piensen: “mejor no lo público, por si acaso”.

Ese es el verdadero peligro.

Porque el poder político tiene una característica que no cambia con los partidos: no le gusta que se burlen de él.

Los gobiernos suelen celebrar la libertad de expresión cuando reciben aplausos y descubrir sus límites cuando reciben críticas. El problema es que una democracia no puede funcionar únicamente con expresiones cómodas para quien gobierna.

El meme, la caricatura y la sátira pueden ser irreverentes, exagerados, incómodos e incluso injustos. Pero precisamente por eso forman parte de la conversación pública.

Y hay una regla sencilla: el poder debe soportar mucho más que un ciudadano común la crítica y la burla.

Si alguien falsifica un documento oficial para sacar dinero, debe responder por ello.

Si alguien crea una página falsa de una dependencia para defraudar personas, debe ser investigado.

Si alguien suplanta a una institución para cometer un delito, debe enfrentar las consecuencias.

Pero si alguien utiliza el logotipo de una dependencia para burlarse de una política pública, hacer una caricatura de un funcionario o crear un meme político, la respuesta no puede ser una amenaza penal.

Porque entonces el Estado estaría utilizando una herramienta diseñada para combatir el fraude como una especie de espada sobre la cabeza de quien critica.

Y eso es particularmente delicado en México, donde la frontera entre comunicación institucional y propaganda política puede ser objeto permanente de discusión.

Por eso el Congreso debería hacer algo mucho más sencillo que defender la etiqueta de “Ley Antimemes”: redactar una ley que no deje espacio para interpretaciones abusivas.

Que quede perfectamente establecido qué constituye fraude, qué constituye suplantación con intención de engañar y qué constituye una expresión satírica protegida.

No debería ser necesario adivinarlo.

Porque mañana puede gobernar Morena, pasado mañana otro partido y después otro. Las leyes permanecen. Y una herramienta que hoy parece dirigida contra los adversarios políticos puede terminar mañana en manos de quienes hoy son oposición.

Ese debería ser el principio básico.

No se trata de defender los memes.

Se trata de defender el derecho a burlarse del poder sin tener que preguntarse si la broma puede terminar en una carpeta de investigación.

Porque si un gobierno necesita protegerse de un meme con una amenaza de cárcel, quizá el problema nunca estuvo en el meme.

Quizá el problema es que al poder le está empezando a incomodar demasiado la libertad de expresión.