El Gobierno de España exigió una investigación exhaustiva tras las denuncias de dos exempleadas de Julio Iglesias, quienes acusan al cantante de acoso y agresión sexual. El Ejecutivo recalcó que no permitirá “ningún espacio de impunidad” ante este tipo de conductas.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en rueda de prensa que el Ejecutivo no mirará “hacia otro lado” y respaldó el trabajo periodístico de eldiario.es y Univisión Noticias, medios que publicaron los testimonios de las denunciantes.

Según la investigación, las mujeres trabajaron para Iglesias como empleada del hogar y fisioterapeuta, y los presuntos hechos habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista situadas en República Dominicana, Bahamas y España. Los medios intentaron recabar la versión del entorno del cantante, sin obtener respuesta.

Saiz reiteró el compromiso “contundente, firme y rotundo” del Gobierno frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres y subrayó que la sociedad no puede tolerar conductas de acoso o agresión. No obstante, evitó pronunciarse sobre una eventual retirada de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida a Iglesias en 2010.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó en redes sociales que frente al machismo “no se puede mirar para otro lado” y expresó su confianza en que las autoridades lleguen “hasta el final” de las investigaciones. Aunque recordó que rige la presunción de inocencia, enfatizó que la ley protege a las víctimas y que “cuando no hay consentimiento, hay agresión”. También señaló que una figura pública puede tener prestigio artístico y, al mismo tiempo, protagonizar conductas reprobables, y agradeció a las mujeres que deciden denunciar.

En contraste, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó su apoyo al cantante y rechazó los señalamientos públicos, declaraciones que generaron críticas desde sectores de la izquierda. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, calificó esos comentarios como una muestra de “machismo repugnante” y acusó a Ayuso de favorecer la impunidad de personas poderosas.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias para analizar la denuncia presentada el pasado 5 de enero y determinar si el tribunal es competente para investigar los hechos denunciados.