EN CHIAPAS TAMBIÉN TORTURAN Y FABRICAN DELITOS A PERIODISTAS. El lunes 27 de enero de 2020, la periodista independiente Cinthya Elena Alvarado Enríquez, fue detenida, golpeada, torturada e indiciada como incitadora a la violencia por dar cobertura en vivo a manifestantes de la etnia Mam de la zona norte de Tapachula que exigían la reparación de la carretera al […]
EN CHIAPAS TAMBIÉN TORTURAN Y FABRICAN DELITOS A PERIODISTAS.
El lunes 27 de enero de 2020, la periodista independiente Cinthya Elena Alvarado Enríquez, fue detenida, golpeada, torturada e indiciada como incitadora a la violencia por dar cobertura en vivo a manifestantes de la etnia Mam de la zona norte de Tapachula que exigían la reparación de la carretera al ejido Pavencul el límite norte con Guatemala. El presidente municipal +Oscar Gurría Penagos y su secretario de seguridad pública Pedro Enock García Palazuelos Domínguez decidieron reprimir con gases lacrimógenos y detención con excesos de violencia a campesinos y periodistas, pero a Cinthya la humillaron, exhibieron y planearon mandarla al centro penitenciario El Amate, cerca de San Cristóbal de las Casas, a 7 horas de Tapachula como medida represiva por sus actividades de investigación, denuncia y cobertura a ciudadanos demandantes.
Luego de torturarlos en el sótano del edificio de gobierno, La policía municipal presentó a 43 con cargos de incitación a la violencia y daños contra la sociedad tapachulteca, el representante jurídico del Ayuntamiento con poder en manootorgado por la entonces Síndico Rosa Irene Urbina Castañeda inició la denuncia, 42 indígenas y a la periodista, serían trasladados esa noche del 27 al Amate. Al mismo tiempo dos activistas: Luis Rey García Villagrán e Irineo Mujica se encontraban en reunión con el Subsecretario de Gobierno Alejandro Encinas, quien al enterarse del evento llamó al gobernador Rutilio Escandón, quien era contrario a Gurría y así ordenó frenar el traslado. Los detenidos fueron liberados a las 24 horas con la amenaza de que si volvían a reunirse o a reclamar, estaba una carpeta de investigación en su contra. El amigo de Gurría, entonces Fiscal General Istmo Costa, Olger Villanueva antes de soltar a Cnthya le dijo: “te recomiendo no andar en reuniones ni revueltas mija, porque hay fotos tuyas donde le estás diciendo a la gente que se rebele” le dijo Olger a Cinthya, quien respondió – Señor fiscal, yo tengo videos en vivo, en tiempo real donde llamé a los pavenculenses a resolver con el diálogo y no con violencia.
La administración de Gurría de extracción morenista, ya había golpeado a otros sectores: vendedores ambulantes, tricicleros, recolectores de basura y pepenadores, así como a maestros y padres de familia de Puerto Madero. Entre 2018 y 2019 se registraron asesinatos y asaltos de forma creciente y “organizada” lo que sacó a muchos ciudadanos a marchar para exigir seguridad. Además del contrato fraudulento de 30 camiones de basura a 119 mil pesos cada uno al mes, cuando el costo normal era de 65mil, fueron publicados y denunciados por la Periodista que ya había sido acosada y amenazada hasta su detención.
Dos diputadas locales: Olvita Palomeque y Olga Luz Espinosa reclamaron por los abusos, golpes y ataques a las libertades de Gurría y su síndico. El 20 de febrero 2020 comparecería el presidente de Tapachula y ya estaba listo todo para aplicarle Juicio Político, con la venia del gobernador Escandón Cadenas, sin embargo, ese día el represor Gurría murió de un ataque al corazón, o al menos esa fue la información oficial, para dejar en su lugar a la síndico Rosa Irene Urbina Castañeda.
En diciembre 2020 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación REC-CEDH/ 23/ 2020-R que fue firmada y aceptada por la Presidente sustituta Urbina Castañeda como represente de la autoridad responsable de los hechos violatorios de los Derechos Humanos de las victimas del 27 de enero 2020, el Lunes negro. Los puntos 1 y 2 le conminan a buscar, registrar ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Ayuda a Víctimas CEEAV, para dar paso a la Reparación Integral del Daño. En los puntos 3,4,5, y 6, tratan de que capacite a los policías de capacidades profesionales que eviten el uso excesivo de la fuerza y apliquen protocolos, así como cursos en derechos humanos y para asegurar el respeto a la libre manifestación, etc.
A dos años y medio de los acontecimientos Cinthya Alvarado ha continuado en luchas legales para que los culpables paguen por dichos abusos, la denuncia ante la FGR y atraída por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión FEADLE, ha tenido un lento avancepero hay 15 vinculados a proceso: policías y el ex secretario de seguridad pública, sin embargo nadie más ha sido llamado a rendir cuentas que esclarezca quién dio la orden de atacar y fabricar delitos a las víctimas. Sin embargo la periodista ha exigido públicamente a la Presidente agotar el tema reparándole el daño, ya que ha sido blanco de campañas de desprestigio por órdenes de la misma presidente que le señalan como alborotadora, desestabilizadora, cuando ella estaba haciendo su trabajo de informar y dar voz a los ciudadanos. La respuesta de Rosa Urbina fue que no le pagaría el daño, hasta que haya una orden judicial, ignorando penosamente que los acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de Derechos Humanos y en específico en cuanto a la Reparación del Daño adquieren rango constitucional.
Rosa Urbina Castañeda no sólo ha confirmado haber estado de acuerdo en la represión de los ciudadanos, sino que además mandó a comunicadores contratados por el Ayuntamiento publicar y compartir notas denigrantes de “Cinthya Alvarado es una vil extorsionadora” revictimizando a Cinthya Alvarado que hasta en los terrenos legales ha hecho acuerdos con la parte legal y jurídica de fiscalías, juzgados y hasta abogados de la víctima, quien ha tenido que cambiar 4 veces, porque casualmente dejan pasar notificaciones, fechas, términos, con acuerdos que no se pueden comprobar pero que se ven para favorecer a los acusados.
El pasado 5 de diciembre Alvarado Enríquez interpuso demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito en materialPenal con sede en Tapachula contra la CEEAV y la Presidente de Tapachula por el incumplimiento de la Recomendación que dos años antes quedó firmada y aceptada y que precisamente lo tocante a las víctimas ha sido flagrante y alevosamente dejado de lado por voluntad de Rosa Urbina y que con la falta de oficio de CEEAV y CEDH envueltos en trámites jurídicamente burocratizados traen a las victimas de un lado a otro sin ver justicia ni someramente reparados los daños. Sin embargo y a pesar que la periodista ofreció 19 pruebas contundentes de los daños, de la veracidad del acto reclamado, es decir la abierta y tangible negativa de Rosa Urbina de repararle el daño de manera integral y además perseguirla y bloquearla para que no tenga éxitos como periodista, la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel y su Secretario de Acuerdos Pedro Castillo Castañón, le negaron el amparo aduciendo formatos y enredos legaloides donde jamás analizan ni de forma menos de fondo el asunto, ni estiman todas las pruebas que a lo largo de estos tres años la víctima ha acumulado donde fehacientemente demuestra el abuso de poder de dichas autoridades y las repetidas violaciones a sus derechos humanos.
A DIFERENCIA DE MEDIOS SERIOS:
Periodista en Tapachula es víctima de discursos estigmatizantes y es revictimizada
AuthorARTICLE 19 MX-CA
Published on:7 septiembre, 2022
Ciudad de México 7 de septiembre de 2022.- El 6 de septiembre, Cinthia Alvarado Enríquez defensora y periodista del medio Los Angeles Press, fue víctima de discurso estigmatizante y campaña de desprestigio por parte de Rosa Irene Urbina Castañeda, presidenta municipal de Tapachula, Chiapas.
Durante el “Foro de Justicia Terapéutica” organizado por el Ayuntamiento de Tapachula, la periodista reclamó la falta de cumplimiento de la recomendación CEDH/23/2020-R emitida desde el 15 de diciembre de 2020 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en la que se documentó que el 27 de enero de 2020, policías del ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, golpearon y detuvieron arbitrariamente a indígenas Mam del ejido Pavencul y Toquian, así como a la periodista Cinthia Alvarado.
En dicho Foro, la funcionaria respondió a la periodista que no estaba obligada a reparar el daño porque no existe ningún mandamiento judicial en donde se ordene pagar esa cantidad de dinero, y advirtió que no se hará nada fuera de la ley, porque es dinero del pueblo.
Momentos más tarde, en diversos medios locales, se comenzó a difundir una versión del evento en la que se señalaba que Alvarado había sido exhibida como una vil extorsionadora, haciendo parecer que ella busca únicamente dinero.
Cabe destacar que la recomendación de referencia ordena la “reparación integral del daño”, mismo que se encuentra en proceso de dictamen por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas (CEEAV) y que, entre otras cosas, podría establecer una compensación económica por los daños y perjuicios causados a las víctimas. Sin embargo, al ser una reparación integral también se pueden incluir otro tipo de medidas, tales como medidas de reparación y no repetición que incluya sancionar a las y los responsables e implementar mecanismos o protocolos que aseguren acciones preventivas, entre otros.
Estas declaraciones, resultan revictimizantes pues han potenciado que la periodista, misma que ha sido víctima de violaciones a derechos humanos, sea señalada por autoridades como extorsionadora y otros calificativos negativos, negando los derechos que tiene. Estos discursos además de negar la responsabilidad que tienen las autoridades por cumplir la Recomendación, impacta negativamente en la credibilidad de Alvarado, la cual es esencial para cualquier periodista.
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