La reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos, es una oportunidad para resarcir la deuda histórica del Estado mexicano con estas comunidades, afirmó la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera.

Aseguró que la propuesta que presentó el titular del Ejecutivo Federal retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas, que firmaron el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 16 de febrero de 1996, permitirá desterrar para siempre el racismo, la discriminación, el despojo y la invisibilización que han enfrentado los pueblos originarios.

En un artículo que publicó el pasado 15 de febrero en un diario nacional, la legisladora explicó que, en 2019, una amplia alianza de pueblos y organizaciones indígenas entregó al Presidente de la República una propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Dijo que este proyecto fue retomado y enriquecido a través de foros de consulta organizados por el INPI, cuyo resultado, aunque con modificaciones, fue enviado el 5 de febrero pasado por el Ejecutivo Federal como parte del paquete de reformas constitucionales.

La senadora Ana Lilia Rivera, quien fue delegada del EZLN, recordó que el pasado 16 de febrero se cumplieron 28 años de los Acuerdos de San Andrés, luego de un amplio proceso de análisis y debate de algunos de los principales problemas y exigencias históricas de los pueblos indígenas, en el cual participaron expertos y representantes de decenas de comunidades de todo el país.

Sin embargo, esos acuerdos se sintetizaron en la iniciativa de Ley Cocopa y, en 2001, una versión modificada se convirtió en la Ley Indígena, que “traicionaba los puntos esenciales de los Acuerdos de San Andrés: los derechos a la autonomía y al territorio”.

Ana Lilia Rivera señaló que en ese entonces sólo se reconocía a los pueblos originarios como entidades de interés público, “es decir, los mantenía en una situación de pasividad ante el paternalismo del Estado y a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos en turno, sin poder reivindicar sus derechos y defender legalmente sus territorios”.

Desde entonces, agregó la legisladora, numerosos pueblos originarios asumieron los Acuerdos de San Andrés como horizonte de lucha y principal documento político para exigir una nueva relación con el Estado.

Con estos antecedentes, la presidenta de la Mesa Directiva destacó que la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar el artículo 2 de la Constitución les reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía, sus sistemas normativos internos, educación indígena, intercultural y plurilingüe, acceso a medios de comunicación propios, fomento de las lenguas y culturas indígenas.

Subrayó que también incluye la protección de su patrimonio cultural, material e inmaterial y de su propiedad intelectual colectiva, el impulso de la medicina tradicional y la partería, la participación efectiva de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida comunitaria, el respeto a la integridad de sus tierras y lugares sagrados.

Además del acceso a asignaciones presupuestarias administradas de manera directa por las comunidades, acceso a asesorías, intérpretes y traductores indígenas en todas las instituciones jurisdiccionales, derecho al desarrollo integral y sostenible de sus economías, derecho a la consulta libre, previa y culturalmente adecuada.

También el reconocimiento de su capacidad jurídica para impugnar medidas legislativas o administrativas que vulneren su vida comunitaria o entorno. Además, afirmó la senadora, el proyecto reconoce el trabajo comunitario como parte de su organización sociocultural, lo cual es una innovación en la historia de la legislación indígena.