• Por destruir sus territorios interponen dos recursos legales en contra de cinco megaproyectos de 4T
• La defensa del patrimonio originario es accidentada, tortuosa y difícil, denuncian

Por Guillermo Pimentel Balderas

El presidente de la Cuarta Transformación (4T), Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje de inicio de la obra del Tren Maya, en su primer tramo Palenque-Escárcega que, abarca 228 kilómetros de vía, a mediados de junio de este año, afirmó: “No vamos a saquearlo ni a verlo como tierra de conquista, sino como lugar de oportunidades y progreso, respetando sus recursos naturales”.

Después, en el banderazo de inicio de las obras del Tramo 2 del Tren Maya (a inicios de junio del presente año), a cargo de Operadora CICSA, y la española FCC Construcción (propietario y socio, Carlos Slim), López Obrador, más preocupado por “el desarrollo” que por el entorno indígena, dijo: “No podemos quedarnos todo el tiempo en la inmovilidad, tenemos que ir hacia adelante poco a poco”, sentenció.

Sin embargo, integrantes de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal y del Concejo Indígena de Gobierno, demandaron al Estado Mexicano e interpusieron dos recursos legales-jurídicas contra la construcción de cinco megaproyectos: Tren Maya, Corredor Interoceánico, Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Refinería Dos Bocas y Proyecto Integral Morelos (PIM).

Mediante un escrito, señalan que, a pesar de que la vía jurídica no es una gran esperanza para los habitantes de los pueblos originarios del país, lamentablemente es una necesidad recorrerla pues las leyes que, están construidas, se hicieron desde una perspectiva y visión occidental y no miraron formas de convivencia y existencia de los poblados indígenas.

Además, deploran que en el Poder Judicial no hay presencia de indígenas ni jueces que comprendan su lengua, por lo que, la defensa de su territorio la tienen que hacer de diferentes maneras, incluyendo, el camino jurídico, que es accidentado, tortuoso y difícil.

En entrevista con este reportero, Víctor Rogelio Caballero Sierra, del Colectivo Aequus. Promoción y Defensa de Derechos Humanos, explicó que los representantes de estos colectivos emitieron una demanda a través de un amparo indirecto, interpuesto ante el Juzgado Decimoquinto de la Ciudad de México.

“Se trata –precisó- de recursos legales integrados por graves violaciones a Derechos Humanos en el ejercicio de acciones generadas al interés difuso colectivo. Así mismo, se interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó.

Aclaró que, según estos recursos legales, los megaproyectos violan diversos derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y otras disposiciones, nacionales e internacionales, aplicables y que, son imputados de manera integral al Estado Mexicano.

Por su parte –por separado-, Pedro Regalado Uc Be, defensor del territorio maya, afirmo que la vía jurídica no es la gran esperanza para los habitantes de los pueblos originarios, pues lamentablemente, es una necesidad recorrerla.

También, deploró que las leyes no contemplaron formas de convivencia y existencia de los pueblos indígenas; inclusive, condenó que en el Poder Judicial no hay presencia de indígenas ni jueces que entiendan su habla.

Dijo que para defender el territorio se tendrá que hacer de diferentes maneras, incluyendo un recorrido jurídico accidentado, tortuoso y difícil.

En tanto, Carlos González García, integrante del Concejo Indígena de Gobierno originario nahua del estado de Jalisco y especialista en derecho agrario, advirtió que estos cinco megaproyectos en su conjunto, obedecen a los intereses económicos de Estados Unidos. “Han sido impuestos pero nunca consultados a las poblaciones que van a ser afectadas, particularmente a las poblaciones indígenas”, condenó.

El activista confió que estas herramientas jurídicas interpuestas por personas que no pertenecen a pueblos indígenas, son importantes, ya que reafirman que a la sociedad civil también le afectan estas imposiciones y logran que las comunidades salgan de una confrontación exclusiva entre pueblos indígenas y gobierno.

Resumió que, en su conjunto, estas cinco obras de gran magnitud, tienen un impacto tremendo sobre las poblaciones y el medio ambiente e informó que las demandas se ingresaron el 7 de agosto a las 7 de la mañana y los peticionarios se encuentran en espera del expediente y las indicaciones para continuar este camino.

Las autoridades demandas en los recursos son: Al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal; al Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez; al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González; al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor M. Toledo Manzur, junto con sus subsecretarios de Fomento y Normatividad Ambiental, de Gestión para la Protección Ambiental y, de Planeación y Política Ambiental. 

También, al Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz; al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza; al Titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons y al Titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI),  Adelfo Regino Montes.

Cabe recordar que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) elaboró un documento en el que aborda cuáles son los requisitos legales que debe cumplir el proyecto del Tren Maya. Estos son los principales: Consulta indígena. Autorización de Impacto Ambiental. Cambio de Uso de Suelo de Terreno Forestal. Cambio de Uso de Suelo Municipal. Ordenamiento Ecológico del Territorio y, Áreas Naturales Protegidas.

¿Cuántas se han cumplido?