La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles “operaciones con recursos de procedencia ilícita” por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).

“La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República (que) ha abierto ya una carpeta de investigación”, reveló este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, “detectó un esquema” donde el expresidente “obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales” por un monto total de 26 millones 1.429 pesos (poco más de 1,25 millones de dólares).

Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR “por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques”, detalló Gómez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.

Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.

La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.

La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.

Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con “irregularidades fiscales y financieras”.

“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento”, añadió Gómez.

La investigación ocurre a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no buscar “venganza” o “perseguir” a sus predecesores.

En su conferencia, el actual mandatario aseveró que su Gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de personas “expuestas políticamente”, pero pidió “no hacer juicios sumarios”.

“No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo”, argumentó López Obrador.

Recalcó que los jueces y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.