Diputados y senadores mexicanos rechazaron este miércoles la controvertida ley migratoria SB4 del estado de Texas, que el martes estuvo vigente por unas horas en medio de fallos judiciales divergentes, al argumentar que está basada en el “odio”. “En México levantamos la voz para denunciar y condenar este tipo de acciones autoritarias, basadas en la ignorancia, el odio y la xenofobia”, señaló la presidenta de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera Rivera. La legisladora se refirió así a la ley SB4, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, que convertiría en delito el que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios y deportaciones. Su aplicación desató caos este martes, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos primero permitió aplicar la ley antes de escuchar argumentos de fondo, pero en la noche el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito suspendió su entrada en vigor. Rivera Rivera señaló que el Senado mexicano rechaza leyes que, lejos de solucionar un problema que se debe resolver de manera conjunta, violentan los derechos humanos de los migrantes. Recordó que Texas es un estado donde la comunidad latina representa el 40,2 % de la población y en la que los migrantes constituyen una cuarta parte de la fuerza laboral estatal pues generan 465.000 millones de dólares. Subrayó que la comunidad de origen mexicana que reside en Texas y que asciende a más de 10 millones de personas, contribuye a diversos sectores de la economía texana: en la mano de obra en la agricultura, la construcción, la manufactura y los servicios, así como en el consumo de bienes y servicios. Señaló que abogan por la colaboración bilateral para que el fenómeno migratorio “sea abordado de manera segura, ordenada y legal; anteponiendo, ante todo, el respeto a los derechos humanos”, En el mismo sentido, Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, calificó como “muy desafortunada” esa ley ya que, dijo, criminaliza la migración y es violatoria de derechos humanos. “Es una desproporción calificar como delito el flujo de personas migrantes y cobijar expresiones de odio y discriminación racial”, apuntó. Además, dijo que los diputados mexicanos reconocen la posición del gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, al acudir ante el tribunal federal de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans para frenar esta acción, “orquestada por intereses electorales, al convertirse en eje de una campaña”. Las tensiones entre México y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, han crecido desde el año pasado ante las crecientes medidas antiinmigrantes del estado fronterizo, como las boyas y el cerco de alambre de navajas que colocó en el río Bravo o Grande para disuadir a migrantes de cruzar. Apenas el 20 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó de “politiquería” el campamento militar que Abbott ordenó construir junto al río.