Tras denunciar que más de 8.000 menores en México han sido abatidos entre diciembre de 2018 y mayo de 2022, como resultado de las disputas de la delincuencia organizada, un grupo de legisladores presentó este miércoles una proposición para que los gobiernos municipal, estatal y federal implementen medidas urgentes de protección a infantes.

En un comunicado emitido por la Comisión Permanente del Congreso, órgano que entra en funciones durante los recesos de las Cámaras de Diputados y Senadores, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de la diputada Gabriela Sodi, presentó esa propuesta.

La legisladora y presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables recordó que, de acuerdo con información difundida por instituciones y organismos especializados, las entidades con mayor número de muertes de infantes a causa del crimen organizado son Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Zacatecas.

Además, apuntó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que, entre diciembre de 2018 y mayo de 2022, “fueron privados de la vida, de manera violenta, 8.336 niñas, niños y adolescentes que no alcanzaron la mayoría de edad”.

Y que tan solo de enero a mayo de 2022, 451 infantes han perdido la vida por distintos sucesos violentos, de los cuales se estima que 338 fueron víctimas del fuego cruzado entre grupos criminales.

Recordó que la violencia delincuencial contra niñas y niños “había quedado restringida a su función como ‘halcones’ (informantes) o distribuidores de drogas y no les había situado en el ámbito de la violencia cruzada entre bandas”, o entre estas y los cuerpos de seguridad estatales.

También dijo que de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), “un promedio de cuatro niñas y niños de 0 a 17 años, son asesinados cada día”, lo cual es una evidencia innegable de los niveles de violencia que sufren las infancias en el país.

Ante ello, dijo Sodi que “resulta urgente que los gobiernos de los tres órdenes (municipal, estatal y federal) se aboquen a la implementación de medidas urgentes de protección para las infancias, con el objeto de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y los que, como personas en desarrollo, les garantizan los tratados internacionales y nuestra Constitución.