La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no contienen elementos que permitan presumir la comisión de un delito ni representan un riesgo para la seguridad nacional.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal respaldó la explicación ofrecida por la gobernadora bajacaliforniana y señaló que, hasta el momento, no existe evidencia de que el contenido de la conversación revele información sensible o implique una conducta ilegal.
“No pensamos que haya un delito que perseguir, no se dice nada que comprometa la seguridad nacional”, declaró Sheinbaum ante representantes de los medios de comunicación.
La titular del Ejecutivo federal recordó que Marina del Pilar ya explicó públicamente el contexto en el que se desarrolló la conversación difundida y subrayó que incluso se desconoce con certeza la identidad de la persona con la que dialogaba.
“Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No sabemos si realmente era una autoridad de Estados Unidos o no, y ella aclaró posteriormente que se trató de una comunicación que no pone en riesgo la seguridad de Baja California”, señaló.
La postura de la presidenta coincide con la expresada previamente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que en las mesas de coordinación para la construcción de la paz no se comparte información de inteligencia ni datos estratégicos cuya filtración pudiera afectar la seguridad nacional.
Marina del Pilar explica el origen de los audios
Luego de que se hicieran públicas las grabaciones, la gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó que corresponden a fragmentos de una conversación privada sostenida a principios de este año con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, aunque aclaró que nunca acreditaron oficialmente dicha representación.
A través de un posicionamiento, la mandataria estatal explicó que cualquier referencia al intercambio de información estuvo relacionada únicamente con los mecanismos de coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad, los cuales, afirmó, se desarrollan exclusivamente por canales oficiales y conforme al marco jurídico vigente.
Asimismo, indicó que sus interlocutores plantearon diversos escenarios legales sin presentar documentos o identificaciones que comprobaran su supuesta representación oficial, por lo que cualquier planteamiento de esa naturaleza debía atenderse únicamente mediante las instancias gubernamentales competentes.
