Fuentes confiables han circulado un comunicado en el que se advierte el montaje de una historia mediática por parte de la fiscalía general de la república, para involucrar a ex trabajadores, de niveles inferiores y mandos medios, de la extinta policía federal.

El documento detalla la “teoría apoyada en falsas suposiciones”, responsabilizando a trabajadores que atendieron instrucciones, que constan por escrito, de parte de sus superiores. Además, se les ha exigido como parte de su defensa la exhibición de documental certificada, bajo el conocimiento de ser información clasificada, razón por la cual la dependencia no puede expedir documento alguno a particulares.

En el comunicado se advierte que “12 personas que ocuparon cargos de niveles inferiores están dispuestos a que investiguen su patrimonio”.

El pasado 11 de agosto, la fiscalía general de la república solicitó a un juez ordenar 19 aprehensiones contra ex funcionarios de la secretaría de gobernación adscritos a la policía federal.

Eleuterio enrique pérez romero, exjefe de departamento en la extinta policía federal, después de ser detenido, fue vinculado a proceso por su posible participación en el desvío de casi 2 mil 500 millones de pesos en la corporación.  

El impartidor de justicia del altiplano también ordenó la detención de los ex secretarios generales de la extinta policía federal, frida martínez zamora y jesús orta martínez.  

La fgr dio a conocer los nombres de los ex funcionarios sobre quienes se giraron órdenes de aprehensión: carlos hipólito rivera codina, eleuterio enrique pérez romero, everardo guzmán linares, federico emilio metzger sánchez armas, francisco javier cruz rosas, osvaldo martínez hernández, leonel ignacio orozco padilla y leopoldo martínez escamilla.

En la lista de la fgr aparecen ramón jesús sánchez cañedo, jorge carlos ruiz alavez, edgar ulises calderón luna, israel luna espinosa, josé manuel correa flores, maría eldy sosa calderón, verónica tlahuitzo pérez, carmen patricia quiñones piña y mercedes hernández rodríguez.

Texto del comunicado.

El estado mexicano castiga injustamente a servidores públicos de seguridad.

Son 12 personas que han trabajado en la dirección de tesorería de la entonces policía federal, desde analistas a niveles medios. Todos son el sostén de sus familias. Hoy son acusados por la fiscalía general de la república por delincuencia organizada. Su conducta, acatar las instrucciones firmadas por altos mandos en el manejo de recursos públicos provenientes de los impuestos.

El ministerio público de la federación, construyó una historia mediática para acusar injustamente a los trabajadores. Un castigo a servidores públicos inocentes que son usados políticamente, ya que, en el juzgado, el fiscal sostiene una teoría apoyada en falsas suposiciones, sin que acuse formalmente a los altos mandos que utilizaron los recursos discrecionalmente de la partida presupuestal “gastos de seguridad pública y nacional”.

Es grave que en méxico tengan que ser acusados unos empelados por delincuencia organizada en su modalidad de uso de recursos de procedencia ilícita, cuando es evidente que manejan recursos lícitos por ser recursos legalmente asignados y administrados. Recordemos que los recursos de procedencia ilícita se refieren a las ganancias de la comisión de delitos. Lo cual, en este caso, no hay. Jamás en la historia se había sostenido una acusación tan perversa como ésta.

Hasta hoy un juez del poder judicial de la federación, desestima la evidencia de la licitud de los recursos, consistente las actas de entrega recepción firmadas de los recursos públicos y su comprobación como establece la norma específica según fe notarial que se hace constar. Asimismo, excluye de manera inusual las instrucciones escritas de los altos mandos para la emisión de cheques, giradas a través de los acuerdos de gasto, mismas que son firmadas en muchas ocasiones por el entonces comisionado general de la policía federal.

Algunos de estos servidores públicos hoy están en una celda de un centro penitenciario federal injustamente, ya que el juez, requiere a la defensa dicha documentación de forma certificada, cuando la misma institución no la entrega por estar clasificada como reservada. Lo terrible es que, por la presión política la fiscalía general de la república no considerara las instrucciones de pago, actas entrega, sobres de comprobación, ni fe notarial, documentos que, desde la integración de la carpeta de investigación debían ser valorados. Lo temible es que, un juez federal no reconozca los datos de prueba existentes en favor de los trabajadores.

Las 12 personas ocupan cargos de niveles inferiores y todos están dispuestos a que investiguen su patrimonio. ¿será un caso más de la injusticia en México? La fiscalía: primero acuso, luego investigo. El juez: eres culpable hasta que compruebes lo contrario. Finalmente, seguros estamos que al final les dirá el estado mexicano: usted disculpe, nos equivocamos, sin importarles el daño a ellos y a su familia.