De Política Alejandro Álvarez Manilla

En política pocas veces las formas engañan. Lo que Morena ha denominado el registro de “coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” es, en los hechos, el arranque de la carrera por las gubernaturas que estarán en disputa en 2027, con 227 que se registraron. Aunque jurídicamente no son candidatos, políticamente todo apunta a que quienes resulten designados serán los abanderados del partido cuando llegue el momento constitucional.

No es una estrategia nueva. El movimiento la utilizó con éxito para definir candidaturas presidenciales, gubernaturas y otros cargos de elección popular. El coordinador se convierte en el rostro del proyecto, recorre el estado, fortalece estructuras, gana presencia mediática y construye un posicionamiento que, llegado el proceso electoral, difícilmente puede igualar cualquier otro aspirante.

La diferencia es que ahora el proceso ocurre con mucha mayor anticipación. A casi un año del inicio formal de las campañas, Morena ya mueve sus piezas en 16 entidades donde habrá renovación de gobiernos estatales, dejando claro que la competencia política ya comenzó, aunque legalmente aún no sea tiempo de elecciones.

Desde la dirigencia nacional se insiste en que habrá reglas claras, filtros para impedir el registro de perfiles cuestionados y encuestas para definir a los mejores posicionados. Incluso se establecieron requisitos relacionados con antecedentes judiciales, violencia de género y el uso de recursos públicos durante el proceso interno.

Sin embargo, las reglas, por sí solas, no garantizan la percepción de equidad. La verdadera prueba será demostrar que existe un auténtico “piso parejo” entre quienes buscan la nominación. Cuando varios aspirantes ocupan actualmente cargos públicos de alto nivel, el riesgo de que la promoción institucional se confunda con promoción política siempre estará presente, aun cuando existan lineamientos para evitarlo.

Otro aspecto que merece reflexión es la permanente delgada línea entre partido y gobierno. El uso del término “Bienestar” o “Defensa de la Transformación” inevitablemente remite a uno de los programas insignia del gobierno federal y al discurso político de la Cuarta Transformación. Para los simpatizantes, ello representa continuidad de un proyecto político; para la oposición, constituye una ventaja indebida derivada de la cercanía entre la estructura gubernamental y la organización partidista.

La oposición también enfrenta un reto importante. Mientras Morena ya organiza procesos internos, construye liderazgos territoriales y concentra la atención mediática, los partidos adversarios siguen buscando figuras competitivas y estrategias comunes. En política, quien inicia antes la organización suele llegar mejor preparado a la contienda.

No obstante, Morena tampoco tiene garantizado el éxito. La historia reciente demuestra que las disputas internas pueden convertirse en el principal obstáculo para cualquier partido dominante. Aspirantes inconformes, grupos regionales enfrentados y decisiones percibidas como imposiciones pueden generar fracturas que terminen costando elecciones. La promesa de que no habrá “premios de consolación” para quienes pierdan la encuesta incrementa el riesgo de inconformidades.

El proceso que hoy inicia será, en realidad, una prueba de fuego para el partido gobernante. Si logra organizar una competencia interna transparente, con reglas respetadas y resultados aceptados, llegará fortalecido a 2027. Pero si predominan las acusaciones de favoritismo, el desgaste podría comenzar mucho antes de que se abran oficialmente las urnas.

Al final, los ciudadanos serán quienes emitan el veredicto definitivo. Los “coordinadores” podrán convertirse en candidatos, pero la verdadera legitimidad no la otorga una encuesta interna ni un nombramiento partidista; la conceden los votos en las elecciones constitucionales.