La jefa de Gobierno advierte que la falta de escrituras y los conflictos por propiedades intestadas alimentan disputas familiares; prepara una defensoría pública para proteger a propietarios vulnerables
La falta de certeza jurídica sobre miles de viviendas en la Ciudad de México se ha convertido en un terreno fértil para conflictos familiares, disputas por propiedades y, en algunos casos, denuncias por despojo. Frente a este escenario, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció una estrategia para acelerar la regularización de inmuebles y fortalecer la defensa legal de quienes enfrentan problemas para acreditar la propiedad de sus casas.
La mandataria capitalina adelantó la puesta en marcha de un programa de regularización de viviendas, que comenzará en unidades habitacionales, así como la creación de una defensoría pública especializada en asuntos de propiedad, bajo responsabilidad de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur).
El anuncio ocurre después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportara que recibió 10 denuncias por presunto despojo en un solo día. Sin embargo, Brugada precisó que sólo dos casos reunieron elementos para configurar ese delito, mientras que siete estaban relacionados con conflictos familiares derivados de viviendas intestadas.
El dato revela una problemática que va más allá del delito: propiedades sin escrituras, herencias sin resolver y familias enfrentadas por inmuebles cuyo estatus jurídico permanece en el limbo.
Sin escrituras, la propiedad queda vulnerable
Brugada puso el acento en un punto que, dijo, resulta fundamental para enfrentar el despojo: contar con la documentación que acredite legalmente la propiedad.
La jefa de Gobierno sostuvo que una vivienda regularizada constituye la principal herramienta para demostrar la legítima posesión de un inmueble cuando existe una disputa.
Por ello, instruyó al secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, a realizar un diagnóstico de los conjuntos habitacionales de la capital y elaborar un censo de propietarios que todavía no cuentan con escritura pública.
La intención es identificar los casos y poner en marcha un esquema que permita regularizar las propiedades sin convertir el trámite en una carrera de obstáculos burocráticos.
“Echar a andar un programa accesible, sin trámites burocráticos”, planteó Brugada.
Viviendas intestadas, otro frente de conflicto
El gobierno capitalino también pretende atacar el problema de las propiedades intestadas, una situación que puede prolongarse durante años y enfrentar a familiares por la posesión de un inmueble.
Brugada reconoció que los procesos para resolver una sucesión pueden resultar demasiado costosos para muchas familias, por lo que anunció que buscará acuerdos con el Colegio de Notarios y con el gobierno federal para reducir los costos y analizar mecanismos de exención de impuestos.
La administración capitalina también contempla asumir medidas para facilitar estos procedimientos y reducir el número de inmuebles que permanecen sin una definición jurídica.
El objetivo es cerrar uno de los vacíos que terminan convirtiendo las viviendas en el centro de pleitos familiares y disputas legales.
Defensoría para quienes no pueden pagar abogados
La estrategia tendrá además un componente social. La Cejur brindará representación legal a personas que, por su condición económica o personal, se encuentren en desventaja para defender sus derechos sobre una propiedad.
Entre los sectores prioritarios están personas adultas mayores, mujeres que viven solas, personas con discapacidad y población en condición de pobreza.
La apuesta del gobierno de Brugada es que la falta de recursos no termine siendo otro factor que deje a los propietarios vulnerables frente a disputas por sus viviendas.
Con la regularización de inmuebles, el apoyo para resolver propiedades intestadas y una defensoría especializada, el gobierno capitalino busca convertir la certeza jurídica sobre la vivienda en una barrera contra el despojo y, al mismo tiempo, desactivar conflictos familiares que durante años han quedado atrapados entre tribunales, notarías y trámites administrativos.
Esta versión le da más peso político al problema, abre con el conflicto y coloca el dato de las 10 denuncias como elemento de tensión, sin alterar la información proporcionada.
