A partir de este viernes, la Auditoría Superior de la Federación podrá recibir y actuar con base en denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos federales, luego de la entrada en vigor de una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La modificación legal, aprobada por el Congreso de la Unión en abril y promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum, permitirá que cualquier persona presente denuncias cuando existan sospechas sobre el manejo, aplicación, custodia o posible desvío de recursos públicos federales.

La reforma incorpora el nuevo artículo 66 Bis, que faculta a la ASF para iniciar investigaciones “en cualquier momento”, ya sea de oficio o derivadas de denuncias ciudadanas, sobre posibles faltas administrativas graves, sin importar el ejercicio fiscal en el que hayan ocurrido los hechos.

Además, la Auditoría deberá habilitar mecanismos y plataformas que faciliten la recepción de denuncias ciudadanas “en todas sus modalidades”, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en la vigilancia del gasto público.

Las nuevas disposiciones también fortalecen las atribuciones de la ASF para promover sanciones contra servidores públicos y particulares involucrados en posibles irregularidades detectadas durante auditorías o investigaciones.

En caso de identificar posibles conductas delictivas, el órgano fiscalizador podrá presentar denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada correspondiente.

Otro de los cambios relevantes es la creación del “Registro de Información y Datos relacionados con los Recursos Federales”, un sistema que concentrará información sobre el uso de recursos federales transferidos a estados y municipios.

Los entes públicos estarán obligados a alimentar dicho registro con información relacionada con beneficiarios, movimientos contables y aplicación de recursos públicos.

La reforma también amplía las capacidades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación al permitirle solicitar documentación e información de ejercicios fiscales anteriores cuando se trate de proyectos multianuales o auditorías de desempeño.

Asimismo, se establecen nuevos plazos para que las entidades fiscalizadas respondan observaciones formuladas por la ASF y para determinar si las inconsistencias fueron solventadas o si procede el inicio de investigaciones.

El decreto también contempla mecanismos de coordinación entre la ASF y las entidades de fiscalización superior de los estados para revisar recursos federales transferidos a gobiernos locales, aunque se precisa que la Auditoría federal mantendrá la conducción y mando de las auditorías.

En los artículos transitorios se establece que la reforma entra en vigor este viernes y que la ASF contará con 90 días naturales para adecuar sus disposiciones reglamentarias, además de un plazo máximo de 180 días para emitir lineamientos y poner en funcionamiento el nuevo registro de información sobre recursos federales.