La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al huachicol ferroviario y a la delincuencia organizada.
La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas junto al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, conocido como Altiplano. Como parte de las medidas cautelares, seis de los imputados permanecerán en prisión preventiva.
De acuerdo con la determinación judicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó elementos suficientes para procesar a Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes continuarán recluidos en el penal federal del Altiplano.
En contraste, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso bajo prisión domiciliaria debido a problemas de salud acreditados. Por su parte, Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá internada en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur.
FGR acusa red para importar combustible de forma ilegal
Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, fue detenido el pasado 16 de julio junto con varios de sus presuntos colaboradores en un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR). Las investigaciones los señalan por integrar una estructura que habría utilizado a la empresa Ingemar como pieza clave para introducir de manera ilegal combustible desde Estados Unidos hacia México.
Según la FEMDO, los imputados habrían diseñado un esquema de simulación empresarial mediante 11 compañías para ingresar al país 18 millones 225 mil 657 litros de diésel y gasolina, transportados en 163 carrotanques.
La carpeta de investigación indica que la organización realizó al menos nueve embarques desde la refinería de Deer Park, Texas, propiedad de Pemex, enviando el combustible a nombre de Ingemar como empresa consignataria, mientras que la firma Internacional de Fundentes aparecía como destinataria final en territorio mexicano.
Las autoridades también investigan a Internacional de Fundentes por presuntamente falsificar documentación para importar mayores volúmenes de hidrocarburos de los autorizados. De acuerdo con las indagatorias, la empresa obtuvo cuatro permisos con vigencia de un año para importar hasta 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, gasolina premium y turbosina, aunque existen indicios de que habría excedido esos límites mediante documentación apócrifa.
