El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a evaluar si el lobo gris y el lobo gris mexicano cumplen con los criterios necesarios para retirar las protecciones que les otorga la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
La orden establece un plazo de 90 días para que Burgum determine si ambas poblaciones deben dejar de contar con las medidas federales de protección. La decisión forma parte de los esfuerzos de la administración Trump para respaldar a los rancheros que denuncian ataques de lobos contra su ganado.
No es la primera vez que Trump intenta modificar el estatus de protección de estos animales. Durante su primer mandato, su administración ordenó retirar al lobo gris de la lista federal de especies en peligro de extinción; sin embargo, un tribunal posteriormente anuló la medida.
La nueva orden ha generado críticas entre organizaciones conservacionistas, que advierten sobre las posibles consecuencias para la recuperación de las poblaciones de lobos.
Greta Anderson, subdirectora de Western Watersheds Project, señaló en un comunicado que el impacto de los lobos sobre la industria ganadera “palidece” frente a los efectos de los recientes acuerdos comerciales promovidos por Trump y los desafíos que enfrenta la ganadería en el oeste de Estados Unidos debido al cambio de las condiciones climáticas.
Organizaciones defensoras de los lobos también han destacado que los ganaderos pueden recibir compensaciones por las pérdidas ocasionadas por la depredación mediante distintos programas estatales y federales.
Además, los departamentos estatales de vida silvestre financian medidas destinadas a reducir los conflictos entre lobos y ganado. Entre ellas se encuentran el retiro de animales muertos y la vigilancia de los rebaños durante el pastoreo, estrategias que pueden contribuir a disminuir los comportamientos de habituación de los depredadores.
Una población al límite
De acuerdo con cifras del Grand Canyon Wolf Recovery Project, actualmente quedan apenas 317 lobos grises mexicanos en libertad. La población enfrenta, además, importantes desafíos genéticos que podrían dificultar su recuperación.
Sus defensores advierten que reducir las protecciones federales podría poner en riesgo décadas de trabajo destinado a recuperar esta especie, considerada una de las poblaciones de lobos más amenazadas de Norteamérica.
“El problema no son los lobos mexicanos, sino el enfoque de la administración para resolver los supuestos conflictos. Si la administración realmente quisiera apoyar a los ganaderos, daría prioridad a aumentar la financiación de iniciativas no letales para crear soluciones duraderas”, afirmó Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center.
La decisión que tome el Departamento del Interior en los próximos 90 días podría marcar un nuevo rumbo para la conservación del lobo gris mexicano y reavivar el debate entre las autoridades, los ganaderos y las organizaciones ambientalistas sobre cómo reducir los conflictos entre la actividad ganadera y la vida silvestre.
