Miscelánea, salud y política.  Judith Álamo López

Cuando todavía el ánimo estaba exaltado por la pérdida de la selección mexicana ante Inglaterra, antes de la medianoche al revisar de soslayo el móvil, lo primero que saltó fue la imagen de madres buscadoras protestando en las inmediaciones del estadio Azteca. Entrevistada, una de ellas dijo: “a ver si el gobierno nos atiende ahora que el campeonato para México desapareció”.
Luego de la visita colectiva al valle de los sueños, en una tregua tácita entre oficialistas y opositores, a la que se acogió la delincuencia organizada, regresamos a la disputa por la nación, a librar el lodazal por causas naturales y producto de la corrupción gubernamental, convencida de que somos una raza de guerreros.
Hay problemas que cimbran los sentidos, como ponerse en los zapatos de las buscadoras, mujeres mexicanas que sufren cada día una tragedia sin fin, sin respuestas ni atención del gobierno, mujeres vulnerables que se organizan para buscar a sus hijos desaparecidos en territorios ocupados por grupos criminales, algunas consiguen palas, picos o varillas para excavar. Todas usan manos y uñas para encontrar restos humanos, “aunque sea un huesito”, dicen.
Millones de mexicanos a través de televisores disfrutamos la epopeya de una derrota futbolística librada por 16 gladiadores y su equipo técnico, el pasado domingo 5 de julio en un mítico Estadio Azteca. La afición mexicana pese al triunfo de Inglaterra (3-2), agradeció el esfuerzo titánico de los connacionales. Las críticas, si las hubo, fueron para el técnico Javier Aguirre, quien mantuvo una estrategia fallida.
En las inmediaciones de El Coloso de Santa Úrsula, en Coapa, madres buscadoras a pesar de las lluvias, y de ser repelidas por fuerzas de seguridad, mantuvieron con firmeza su plantón de protesta, exigen la atención del gobierno para encontrar a sus hijos o familiares desaparecidos, con valentía y tenacidad inexplicables para mujeres con los corazones rotos y el alma en vilo.
Las madres buscadoras claman por un gobierno que frene la violencia y busque a sus desaparecidos –más de 132 mil–, a cambio, solo reciben promesas vanas de funcionarios morenistas que incumplen con darles soluciones. Además, el gobierno rechazó de manera absurda la ayuda ofrecida por la ONU para resolver la crisis de desapariciones en México (junio de 2026), ojalá reconsidere.
Víctimas revictimizadas por autoridades indolentes, sin protección ni apoyo oficial, se convierten en blanco de criminales: sólo en los últimos siete años (2019-2026), al menos 23 mujeres buscadoras han sido asesinadas en México. Esta labor de la sociedad civil se ha convertido en una de las actividades de mayor riesgo debido a la violencia del crimen organizado, que pulula en amplios territorios del país coludido con autoridades.
Que nadie caiga en el engaño de quienes pretenden distraernos con reclamos soberanistas sobre la captura del capo sinaloense El Mayo Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024. La presidente Claudia Sheinbaum reclama a Estados Unidos porque ni al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni al suyo informó del operativo para sustraer al narcotraficante.
El FBI con bombo y platillo se adjudicó la autoría de la detención de los dos narcotraficantes más buscados en Estados Unidos, El Mayo Zambada, líder del cartel de Sinaloa y Joaquín Guzmán López –hijo del Chapo Guzmán-; mostraron el avión usado en la operación “Air Kings”–clonado y sin identidad—mismo que fue entregado para exhibirse en el War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México, como una reliquia histórica.
La mandataria y parte de su gabinete en la Conferencia Mañanera reaccionaron con enojo tras conocer lo informado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la prensa, acusaron a esa agencia de mentir en su relato de los hechos; calificaron de falsario al exembajador estadounidense Ken Salazar, quien negó la participación de su país y además comentó que un empresario, “El susurrante”, le dijo que AMLO tenía miedo de lo que dijera El Mayo.
El gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones en contra de AMLO a quien señalan por haberse negado a aceptar ayuda para capturar al capo, lo que llevó al FBI estadunidense a realizar un operativo encubierto con una nave clonada, con la ayuda del hijo del Chapo Guzmán para sustraer al Mayo Zambada de territorio mexicano.
La mandataria pide informes a fiscalías y demás instancias sobre lo ocurrido en agosto de 2024 para confrontarlo con lo que dice Estados Unidos, pero sus argumentos dejan ver que el gobierno mexicano fue omiso al no haber realizado su propia investigación de los hechos ocurridos en territorio nacional casi dos años atrás. Enmendar ese error es cuesta arriba.
Se evidencia incompetencia gubernamental para cumplir con la responsabilidad de proteger y defender nuestra soberanía nacional, parece que nadie se percató de la violación del espacio aéreo mexicano y ¿qué hay del esclarecimiento del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad de Sinaloa ocurrido el mismo día de la detención del capo? Tampoco se aclaró la presencia en la detención del capo del gobernador Rubén Rocha Moya (según declaró El Mayo Zambada).
El periodista Luis Chaparro, autor de Pie de Nota, fue el primero de los convocados por el FBI al evento sui generis, reveló que la desconfianza estadunidense vs. México se debe, entre otras razones, a que el apoyo de inteligencia y logística permitió la captura del Mencho, pero cuando fue detenido y asesinado por agentes mexicanos se violó el trato de entregarlo vivo a Estados Unidos.
Han pasado 17 meses desde que el gobierno estadounidense declaró formalmente a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras” que serían combatidas en todas sus dimensiones incluidas sus redes financieras, están incluidos los Cárteles de Sinaloa, del Noroeste, del Golfo y Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.
Ya pasaron 70 días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados de asociación delictiva con facciones del Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas y delitos con armas de fuego.
El principal indiciado de la decena es el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien en los hechos goza de protección gubernamental, para ratificarlo recién se publicó que sus vínculos con el narcotráfico en expedientes diplomáticos y declaraciones en la Fiscalía General de la República permanecerán bajo reserva los próximos cinco años.
Dos de los 10 funcionarios sinaloenses (el exsecretario de Seguridad Pública y el exsecretario de Administración y Finanzas) optaron por entregarse y están bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Los ocho restantes solo han sido citados para presentar declaración ante la FGR:
El gobierno mexicano rechazó las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra los acusados por considerar que no se presentaron pruebas suficientes en el expediente para acreditar los delitos en el marco del tratado bilateral, pero esta decisión ha sido ampliamente cuestionada por expertos quienes coinciden en que los argumentos de la mandataria exhiben ignorancia.
México requiere urgentemente de una jefe de Estado y gobierno, de una líder que comprenda la gravedad de la situación y empiece por priorizar el interés nacional sobre la protección de un grupo de correligionarios calificados por Estados Unidos como presuntos narco-políticos. Ya la confrontación con Estados Unidos incluye su deseo de no prorrogar por 16 años más el T-MEC y sigue escalando.
Sobre la reciente declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el internacionalista experto en seguridad y economía, Edgardo Buscaglia, entrevistado por Carmen Aristegui, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana tiene desde hace 10 años indicios de la existencia del delito conocido hoy como huachicol fiscal y desde hace 12 años, sabe que recursos obtenidos por este medio se destinaban a campañas políticas de partidos políticos, por lo que hace un llamado a la presidente Sheinbaum a acabar con el pacto político mafioso de impunidad en México.
***Muchas felicidades al abogado Leopoldo Maldonado Gutiérrez quien fue nombrado relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión de la ONU, ha desarrollado un trabajo destacado como director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, organización defensora de los derechos humanos de periodistas.