Información de AMEXI

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que, lejos de la promesa de un sexenio que concluiría con tasas de crecimiento económico de 6% a finales del periodo y de 4% anual promedio, México cierra con una economía debilitada.

El organismo de análisis e investigación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador también cierra con un ambiente político severamente deteriorado, con elevada incertidumbre y expectativas poco optimistas para el corto y mediano plazos.

En su reporte semana “Análisis económico ejecutivo”, apuntó que, para el primer año del nuevo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, los especialistas en economía anticipan una tasa de crecimiento de sólo 1.5 por ciento.

Refirió que la expectativa se eleva a 2.0% para 2026, aunque esto no anticipa una recuperación importante, sobre todo si se considera que el pronóstico promedio anual para los próximos 10 años se mantiene en 2.0 por ciento.

“Esto sin duda significa que el nuevo gobierno tendrá que trabajar seriamente en construir un ambiente que estimule en general la actividad económica, aunque esto se antoja seriamente complicado tras la aprobación de la reforma judicial”, agregó.

Reforma al Poder Judicial, obstáculo para la economía

Indicó que la mayoría de los especialistas nacionales, internacionales y gobiernos de otros países, en especial de aquellos que tienen una relación comercial cercana con nuestro país, consideran a la reforma al Poder Judicial un posible obstáculo para la actividad económica.

Advirtió que, el dinamismo de la inversión, principal motor de la economía se deteriora significativa y rápidamente, debido al constante aumento de la incertidumbre como consecuencia, principalmente, del entorno político.

La cautela, por esta razón, aumenta considerablemente reflejándose en la debilidad de la inversión, además de fortalecer la posibilidad de perder la oportunidad que ofrece el nearshoring, abundó.

“Es evidente que el próximo gobierno enfrentará retos importantes, sobre todo ahora que se aprobó la reforma judicial y que muy probablemente, en el futuro próximo, también se aprobará la reforma para desaparecer a los organismos autónomos como el INAI, CRE, Coneval, entre otros”, expuso el CEESP.

Refirió que esto implica que tendrá que trabajar sin todos aquellos órganos independientes, que no sólo representaban contrapesos, también eran los encargados de establecer las mejores políticas económicas para mantener el ambiente de negocios idóneo.

Además, la ausencia de un sistema judicial independiente, transparente y que podría llegar a adolecer de la preparación necesaria para lograr un ambiente con certeza jurídica adecuada, que es indispensable para los negocios, es lo que más podría dañar la confianza de los inversionistas.

El organismo consideró que se requiere de un país en donde se colabore, se construya con respeto, se discuta de forma constructiva, en el que los esfuerzos se canalicen al progreso.

Pero para ello es fundamental contar con un Estado de derecho sólido que dé seguridad de que las reglas permanecen y se respetan, que los conflictos se resuelven de manera justa y eficiente, que la regulación es la necesaria para el buen desarrollo, subrayó.

En riesgo sostenibilidad de finanzas

Alertó que, quizás uno de los riesgos más preocupantes continúa siendo la sostenibilidad de las finanzas públicas debido al entorno de fuentes de ingresos débiles y crecientes gastos.

Para el inicio del próximo sexenio, el gobierno plantea una significativa disminución del déficit público, casi tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en principio implica una intensa reducción del gasto público, anotó.

No obstante, añadió, el problema es que el margen de maniobra es muy limitado y los gastos obligatorios representan más del 60% del gasto total.

El CEESP consideró que, en un entorno de baja inversión, inseguridad, corrupción, delincuencia, entre otros factores, que limitan el crecimiento, se requiere de un inicio de administración inclinado a crear un ambiente de seguridad y libertad en todas sus dimensiones.

Esto, para limitar la discrecionalidad gubernamental y de las decisiones oficiales, y apuntalar un mayor ritmo de crecimiento y bienestar, que por ahora pareciera que se alejan cada vez más.