Al menos 53 senadores de oposición pidieron este jueves a la presidenta del Senado mexicano, Olga Sánchez Cordero, interponer un recurso constitucional contra el acuerdo del Ejecutivo que cataloga las obras de infraestructura del Gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional y puede blindar la información al respecto.

El lunes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Con ese decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su Administración como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles -el nuevo aeropuerto capitalino- sean frenadas mediante recursos judiciales.

El acuerdo, sin embargo, fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya está analizando si “vulnera el derecho de acceso a la información”.

El organismo señaló que al calificarse como de seguridad nacional a las obras y proyectos del Gobierno, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal “pueden llegar a reservar” la información relacionada con estos.

En ese sentido, López Obrador defendió el martes la medida y aseguró que solo sirve para “agilizar trámites” y que no se detengan las obras y no para evitar rendición de cuentas.

Ante la petición de los senadores, Sánchez Cordero dijo que someterá “a consulta jurídica” la solicitud que le hicieron los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) para que interponga una controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal.

Tras el debate que se llevó a cabo sobre el tema, Sánchez Cordero sostuvo que quería “tener una opinión jurídica” con el “objetivo de contar con los argumentos sobre el interés y la legitimación del Senado para promover la controversia constitucional”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el oficialista Ricardo Monreal, indicó que el acuerdo del Ejecutivo tiene “una razón válida” para considerar de interés público los proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en las zonas en donde se llevan a cabo, pues se necesita respaldar a las regiones rezagadas.

Monreal señaló que alrededor de 80 legisladoras y legisladores “no están de acuerdo con que Sánchez Cordero presente, de manera unilateral, una controversia contra el acuerdo presentado por el Presidente de la República”.

Pese al discurso de austeridad de López Obrador y a raíz de las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el Gobierno priorice estos megaproyectos.