Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un nuevo marco jurídico que busca combatir de manera integral este delito en todo el país.
Por primera vez, la extorsión tendrá penas homologadas a nivel nacional y se convertirá en un delito que se perseguirá de oficio.
El dictamen, avalado este martes por la noche, modifica 15 artículos y un transitorio, y se considera la legislación más severa en la historia reciente para enfrentar un delito que afecta a comercios, transportistas, familias y comunidades completas.
¿Qué busca esta nueva ley?
La legislación pretende frenar distintas modalidades de extorsión, entre ellas:
Montachoques
Cobro de derecho de piso por grupos criminales
Extorsión telefónica desde cárceles
Abusos cometidos por falsos o verdaderos policías que exigen pagos ilegales
Penas de 15 a 25 años
El artículo 15 fija una pena general de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 UMA, sustituyendo los castigos variados que actualmente van desde 1 hasta 30 años según el estado.
La ley define la extorsión como obligar a una persona a entregar dinero, bienes, prestar servicios o tolerar situaciones mediante amenazas, coacción o intimidación.
El aumento del mínimo de la pena —antes de seis años— busca impedir que los sentenciados accedan a reducciones o beneficios legales.
Extorsión: “el cáncer que ahoga a millones”
Durante la discusión, Carolina Viggiano (PRI) advirtió que la extorsión se ha convertido en un “cáncer” que desborda la capacidad del Estado y recordó que, al ser un delito mayormente del fuero común, los estados necesitarán recursos adicionales para aplicar la ley.
Señaló que 97% de los casos no se denuncian, no por desconocimiento, sino por miedo y por la presencia de redes de protección dentro de las propias instituciones.
Por el PAN, Guadalupe Murguía destacó que la extorsión opera gracias al silencio y se ha vuelto uno de los delitos más extendidos del país. Expresó preocupación por la falta de presupuesto adicional para su implementación.
“Tiene de rodillas a los mexicanos”: MC
La senadora Alejandra Barrales (MC) respaldó la reforma al subrayar que el cobro de piso, las llamadas intimidatorias y las amenazas constantes afectan a ciudadanos, negocios y comunidades completas. Recordó que, según el Inegi, 9.7 de cada 10 extorsiones no se denuncian, lo que alimenta la impunidad.
34 agravantes que pueden elevar penas hasta 42 años
La reforma establece 34 agravantes en tres niveles:
Primer nivel: +4 a +8 años (Artículo 16)
Exigir cuotas adicionales
Uso de información personal
Depósitos en cuentas financieras
Cometer el delito desde prisión
Segundo nivel: +5 a +12 años (Artículo 17)
Extorsiones que afecten a comunidades completas
Participación de varias personas
Involucramiento de servidores públicos
Tercer nivel: +7 a +17 años (Artículo 18)
Uso de armas o instrumentos peligrosos
Violencia física o moral
Combinados con la pena base, estos agravantes pueden elevar la sentencia hasta 42 años, por ejemplo en casos de montachoques donde hay violencia física o moral.
Excepción: reducción de pena
El artículo 22 permite una reducción de hasta la mitad del castigo si el extorsionador se desiste voluntariamente dentro de los primeros tres días y no existen agravantes.
Castigos para quienes faciliten o encubran la extorsión
La ley también sanciona conductas vinculadas:
Auxilio o cooperación al delito: 4 a 12 años (Art. 19)
Servidores públicos que filtren información: 4 a 16 años (Art. 20)
Funcionarios que omitan denunciar: 10 a 20 años (Art. 21)
Además, si un servidor público participa directamente, será destituido e inhabilitado por un periodo igual al de la pena de prisión.
Aplicación nacional
Al tratarse de una Ley General, será obligatoria para todos los estados, lo que, según legisladores, cerrará el paso a grupos criminales que aprovechan diferencias entre códigos penales estatales para evadir responsabilidades.
