La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves que es “obligatorio” para México cumplir con las medidas del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Primera Sala de la Corte falló “que el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes” del Comité “es obligatorio para las autoridades del Estado mexicano, en sus distintas competencias. Además, dicho cumplimiento debe ser supervisado judicial y constitucionalmente”.

El Gobierno mexicano reconoce la competencia del CED de la ONU desde septiembre pasado, cuando el Senado la avaló por unanimidad a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

México vive una crisis de desapariciones con más de 88.800 personas no localizadas, más de 4.000 fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Cerca de la mitad han ocurrido desde 2006 y alrededor de una cuarta parte desde el inicio del sexenio de López Obrador, en 2018.

La resolución de la Suprema Corte, avalada por unanimidad en la Primera Sala, ocurrió al resolver un juicio de amparo de la madre de un desaparecido, que en 2013 reclamó acciones del oriental estado de Veracruz, que omitió una investigación “exhaustiva, imparcial y seria”.

“La Primera Sala decidió conceder el amparo para ordenar a las autoridades responsables que acaten, en sus términos, las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU”, expuso.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció el fallo del Supremo.

“Representa un gran avance en el combate a este delito y el reconocimiento de derechos de las víctimas”, aseguró Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

El organismo detalló que el fallo reconoce la obligación de la fiscalía para asumir la búsqueda del joven desaparecido, reconoce la obligatoriedad de las acciones urgentes emitidas por el CED y reconoce el derecho de los familiares de un desaparecido de participar en la búsqueda e investigación.

El precedente de la Suprema Corte podría impactar a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), promulgada en mayo y criticada por eximir al órgano autónomo de sus responsabilidades de búsqueda.

“Hacer frente a la terrible realidad de las desapariciones de personas y dar respuesta a las víctimas es uno de los principales desafíos que enfrenta México. Para ello es preciso que todas las autoridades concernidas emprendan las acciones necesarias”, añadió Fernández-Maldonado.