• Sería un golpe a la economía formal que afectará el empleo, la inversión y, la recaudación de impuestos.
• También, incrementaría la incidencia delictiva y la contaminación ambiental, con su certificación.

Por Guillermo Pimentel Balderas

En esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, en principio, se juega el destino de un sector clave de la economía en México, el cual representa cerca del 20 por ciento del PIB manufacturero nacional.  

Se trata de la industria automotriz y que, con la pretendida legalización (de lo ilegal) de los autos denominados “chocolate” o de contrabando, se contraería el Impuesto Sobre Autos Nuevos  y se dejará de pagar IVA e ISR por los recortes a la producción.

Sumados que, en algunas zonas del país podrían aumentar las emisiones contaminantes por tratarse de vehículos que tienen elevados kilometrajes o prácticamente “chatarra”, por su antigüedad.  Además de que se incrementaría la incidencia delictiva.

Empresarios, advierten que certificar a estos automotores significará premiar la ilegalidad y, México, podría ser el basurero automotriz de otros países, en especial de Estados Unidos; además de que, es un atentado contra un sector clave de la economía.

El presidente Andrés Manuel López, anunció que la regularización de autos “chuecos” o “chocolate” se dará a manera de prueba en Tijuana, Baja California (junio de 2011), y que después se verá si se extiende a otras fronteras. Sonora no se descarta, porque es una demanda muy sentida, dijo.

Tan solo en esta ciudad fronteriza, se calcula que existen cerca de 500 mil vehículos, sin un registro. Y, en su último evento de su gira por Baja California, López se comprometió a que muy pronto la Federación dará respuesta a la solicitud de los bajacalifornianos de regular los autos ilegales o “chocolate”.

COPARMEX, en voz de su presidente,  José Medina Mora (02 de Julio 2021), demandó que la autoridad debería ser la primera en respetar la ley y no regularizar los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando.

Advirtió que es un atentado contra un sector clave de la economía y consideró que regularizar estos autos “representa premiar la ilegalidad”; apuntó que de enero a mayo de 2021 la venta de vehículos ligeros llegó a los 428 mil 312 unidades, 19.8 % por debajo de las ventas del mismo periodo de 2019 y que, la producción está por debajo de los niveles previos a la pandemia en 19.7 %.

En tanto, la COPARMEX en Ciudad Victoria (Tamaulipas), su dirigente Mario Flores Pedraza (julio 5 de 2021), dijo que existen mecanismos para que puedan ser nacionalizados; pero, previno que habría un problema fiscal por evasión de impuestos y alertó que existe la posibilidad de que también se podría incrementar la incidencia delictiva, debido a las bajas ventas que pudieran caer hasta un 39 %.

Asimismo, la AMDA ha estimado que se contraerá el Impuesto Sobre Autos Nuevos  y se dejará de pagar IVA e ISR por los recortes a la producción. Así como, por otra parte, en algunas zonas podrán aumentar las emisiones contaminantes por tratarse de vehículos que tienen elevados kilometrajes y son antiguos. 

AMDA, ya solicitó una audiencia con López (mediante un oficio), y por medio de un comunicado, informo que solicitara analizar las repercusiones del compromiso presidencial en Baja California.

Sentencia que, sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero “es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011”.

Cabe señalar que desde 2013, la Confederación Nacional Campesina (CNC) busco la regularización de los vehículos americanos introducidos ilegalmente a México, bautizados como “chocolate”, a través de la bancada priista a nivel nacional. Hoy, podría Morena hacer efectivo el compromiso de López. Al tiempo.