La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el rechazo a su propuesta de reforma electoral no representa una derrota y anunció que el próximo lunes enviará al Congreso un “Plan B” enfocado en reducir privilegios en el ámbito político y fortalecer la participación ciudadana.
Entre las principales medidas que contempla la iniciativa se encuentra establecer un tope máximo a los recursos destinados a diputados locales y regidores municipales, así como ampliar los mecanismos de consulta pública en temas electorales, incluyendo el presupuesto que reciben los partidos políticos. También plantea que la revocación de mandato se realice en el tercer o cuarto año de gobierno.
La mandataria explicó que la propuesta de fijar un límite al gasto en congresos locales permitiría reducir cerca de cuatro mil millones de pesos, recursos que —subrayó— no se destinarían al gobierno federal, sino que permanecerían en municipios y entidades federativas para atender necesidades locales.
Sheinbaum señaló que el objetivo del Plan B es disminuir los privilegios en los congresos estatales, donde actualmente existen diferencias significativas en los costos por legislador. Como ejemplo mencionó que en Baja California, con 25 diputados, el gasto alcanza los 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5.1 millones, en Morelos de 31.8 millones y en Campeche de 6.1 millones.
La presidenta también cuestionó que algunos legisladores perciban ingresos hasta siete veces mayores que otros, por lo que planteó fijar un límite al presupuesto destinado a los congresos locales y redirigir esos recursos a programas y obras que beneficien a la población.
Asimismo, criticó el número de regidores en diversos municipios y los salarios elevados derivados de bonos y prestaciones. Señaló casos como Acapulco, con 20 regidores; Monterrey, con 28; y Puebla, con 23, además de municipios que cuentan con hasta tres síndicos.
“¿Para qué tanto?”, cuestionó la mandataria, al señalar que en el pasado estos cargos respondían a cuotas políticas. Por ello, planteó establecer también límites en el número y recursos destinados a estos puestos, para que el dinero se canalice a obras públicas locales.
Otro de los objetivos del Plan B, dijo, es ampliar la participación ciudadana en consultas públicas, permitiendo que la población opine sobre temas como el financiamiento a los partidos políticos y otros asuntos del sistema electoral.
Respecto a la revocación de mandato, propuso que el ejercicio se realice entre el tercer y cuarto año de gobierno, como un mecanismo adicional de evaluación ciudadana.
“Yo espero que pase; si no pasa, tampoco pasa nada, pero nosotros tenemos un mandato, una convicción y un principio: no se nos olvida de dónde venimos”, expresó.
Finalmente, la presidenta sostuvo que el objetivo de la llamada transformación es erradicar el régimen de corrupción y privilegios, y aseguró que su gobierno continuará impulsando medidas en ese sentido.
