La Mesa Directiva del Senado determinó este martes que el órgano legislativo carece de facultades para controvertir el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como “decretazo”, que declara de seguridad nacional todas las obras de infraestructura del gobierno federal. 

A través de un oficio, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó a los líderes de todas las bancadas que, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Cámara alta carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional. 

Lo anterior, luego de que 53 senadores de oposición solicitaron a Sánchez Cordero que presentara dicho recurso de impugnación ante la SCJN. No obstante, explicó, es improcedente.

“Conforme a los criterios de la SCJN se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”, informó en redes sociales. 

La ministra en retiro señaló que desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, “en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado”.

Sin embargo, aclaró que esta conclusión, a la que llegó luego de hacer consultas con su equipo de asesores jurídicos, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.

Sánchez Cordero señaló que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, “bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”.

Agregó que la presidencia del Senado representa la unidad, lo que implica escuchar todas las voces, “como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos”.

El pasado 25 de noviembre, 53 senadores presentaron a la Mesa Directiva una petición formal para que se interpusiera una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. 

En una respuesta inicial, la presidenta del Senado, Olga Sánchez, informó que sometería la solicitud a consideración de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, pues argumentó que tenía “serias dudas” sobre el interés y la legitimación del Senado para presentar dicho recurso ante la Suprema Corte.