La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que actualmente no existen denuncias por presunto uso electoral de los programas sociales mediante los Servidores de la Nación (SDN). Asimismo, sostuvo que las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre posibles irregularidades en estos esquemas han sido atendidas y, en los casos correspondientes, solventadas.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria rechazó que los Servidores de la Nación condicionen el acceso a los apoyos sociales a cambio de respaldo político o votos para Morena.
En respuesta a los cuestionamientos de legisladores de oposición, Ramírez Amaya pidió presentar casos concretos en los que se haya solicitado a los beneficiarios afiliarse o respaldar a alguna fuerza política para recibir sus recursos.
La titular de Bienestar sostuvo que el personal de la dependencia mantiene supervisión y capacitación permanentes para garantizar que sus actividades se concentren en informar y orientar a la población sobre el ejercicio de sus derechos sociales.
“Cuando hay una denuncia, se procede, las instituciones funcionan. En este momento no tenemos una denuncia por eso, y hay reuniones y capacitaciones permanentes para darle certidumbre a todo lo que estamos haciendo”, afirmó.
También señaló que los procesos electorales corresponden a los partidos políticos y que los trabajadores encargados de los programas sociales no deben involucrarse en actividades de promoción del voto. En ese sentido, aseguró que la dependencia busca garantizar la imparcialidad en la entrega de apoyos, dirigidos a las personas que cumplen con los requisitos establecidos.
Durante la comparecencia, el diputado de Morena Carlos Alonso Castillo respaldó la postura de la secretaria y sostuvo que la universalidad de los programas contribuye a proteger los derechos sociales frente a posibles condicionamientos políticos.
En contraste, el vicecoordinador económico del grupo parlamentario del PAN, Héctor Saúl Téllez, presentó cifras que, según indicó, provienen de registros oficiales y apuntan a presuntas irregularidades relacionadas con servidores públicos vinculados a los programas de Bienestar.
El legislador afirmó que, de 2024 a la fecha, se habían iniciado investigaciones y aplicado algunas sanciones a 4 mil 193 servidores públicos relacionados con estos servicios. También mencionó la existencia de 517 denuncias penales ante la fiscalía general de la República por presuntos hechos como pagos indebidos, simulación de servicios, falsificación de documentos, desvío de recursos, uso de estructuras con fines electorales y coacción del voto.
Téllez agregó que, entre 2019 y 2024, la ASF acumuló observaciones por aproximadamente 5 mil 800 millones de pesos correspondientes a la Secretaría de Bienestar y sostuvo que cerca del 98 por ciento permanecía sin solventar, de acuerdo con las cifras que expuso ante los legisladores.
Al responder a los cuestionamientos sobre la fiscalización, Ramírez Amaya señaló que, durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF examinó recursos por cientos de miles de millones de pesos y que los montos pendientes de aclaración representaban una proporción reducida del presupuesto de la dependencia.
De acuerdo con la secretaria, se determinaron seis acciones por un monto de cinco millones de pesos, de los cuales 1.5 millones ya habían sido solventados. No obstante, aclaró que reconocer la proporción de las observaciones no significa restarles importancia.
En cuanto al programa Sembrando Vida, Ramírez Amaya aseguró que las observaciones correspondientes a 2024 fueron atendidas durante las auditorías y que no quedaron acciones ni montos pendientes de aclaración. Añadió que la dependencia identifica las causas de las irregularidades detectadas y realiza las correcciones necesarias.
La comparecencia estuvo marcada por posiciones encontradas entre Morena y la oposición sobre la operación de los programas sociales, la actuación de los Servidores de la Nación y el alcance de las observaciones de fiscalización. Mientras la secretaria defendió los mecanismos de supervisión y la atención de los señalamientos, legisladores del PAN cuestionaron la existencia de presuntas irregularidades y posibles prácticas de carácter electoral.
