La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica, cuyo propósito es prevenir que los conflictos cotidianos escalen a hechos de violencia, mediante mecanismos de atención temprana, mediación, reparación del daño y fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

Durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina explicó que la propuesta, desarrollada durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz, busca transformar el modelo de justicia cívica para atender las causas de los conflictos, fomentar la responsabilidad de quienes cometen infracciones y reducir la reincidencia.

“Queremos pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”, afirmó Brugada, al señalar que la iniciativa pretende intervenir de manera oportuna en las comunidades para resolver los problemas de convivencia antes de que se conviertan en situaciones de violencia.

La propuesta contempla 10 ejes estratégicos enfocados en la prevención, solución y reparación del daño, así como en la incorporación de mecanismos alternativos para atender determinadas conductas de menor gravedad. También plantea la implementación de juicios orales con audiencias públicas y la creación de la figura de agentes psicosociales restaurativos.

En relación con las infracciones de baja gravedad, Brugada detalló que algunos casos, como la sustracción de bienes con un valor inferior a 5 mil 800 pesos y ciertos supuestos de violencia verbal en el ámbito familiar, podrían atenderse mediante la vía cívica, siempre que se cumplan condiciones específicas y no existan violencia física, agravantes u otras circunstancias que conviertan los hechos en casos graves.

La jefa de Gobierno precisó que la iniciativa no contempla modificaciones al Código Penal ni limita el derecho de las personas a acudir al Ministerio Público. Las personas afectadas podrán elegir la vía penal o cívica, según las características del caso, con el objetivo de obtener una respuesta oportuna, recuperar sus bienes, conseguir la reparación del daño y prevenir que las conductas se repitan.

El nuevo modelo de justicia cívica también propone establecer juicios orales con audiencias públicas, donde las partes involucradas puedan presentar sus argumentos ante un juez. Con ello, se busca agilizar la resolución de los casos y garantizar mayor transparencia e imparcialidad en los procedimientos.

Como parte de la atención integral de los conflictos, los agentes psicosociales restaurativos tendrán la tarea de identificar factores emocionales y sociales relacionados con las conductas infractoras. A partir de sus evaluaciones, podrán canalizar a las personas a servicios de atención psicológica, tratamientos para las adicciones, programas educativos y alternativas de capacitación o empleo, de acuerdo con sus necesidades.

Otro componente central de la iniciativa es la creación de los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, conocidos como Calpullis de Paz, que podrán operar en espacios como las Utopías, los PILARES y otros sitios públicos. Estos centros ofrecerán servicios de mediación, conciliación y justicia restaurativa para resolver diferencias vecinales de manera pacífica, sin que necesariamente lleguen a instancias judiciales o deriven en hechos violentos.

Asimismo, se prevé implementar jornadas itinerantes de justicia cívica, medidas de trabajo comunitario y programas orientados a prevenir la violencia, promover la resolución pacífica de conflictos, brindar atención psicológica y prevenir las adicciones. Estas acciones se complementarán con iniciativas para ampliar el acceso a oportunidades educativas y laborales.

La estrategia de atención se desarrollará a través de tres vías principales: la identificación anticipada de riesgos en las comunidades; la recepción de reportes ciudadanos mediante el 911, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), las asambleas vecinales y otros mecanismos de proximidad; y la intervención policial ante posibles infracciones cívicas.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México busca fortalecer la prevención, promover la solución pacífica de las diferencias y consolidar un modelo de justicia cívica centrado en la atención de las causas de los conflictos, la reparación del daño y la construcción de comunidades más seguras y solidarias.