En México, se estima que uno de cada 115 niños tiene algún trastorno del espectro autista, lo que representa aproximadamente 0.87 por ciento de la población infantil en el país; sin embargo, existen deficiencias en materia de políticas públicas para ayudar a este sector de la sociedad, afirmó la senadora Verónica Martínez García.

Referente a los desafíos que tenemos para atender a estas personas, señaló, el más grave es la falta de acceso a servicios de salud especializados y de calidad, pues muchas familias enfrentan dificultades para obtener un diagnóstico temprano y preciso, lo que puede retrasar el inicio de intervenciones y tratamientos adecuados.

Además, una vez diagnosticadas, las personas con autismo a menudo enfrentan dificultades para acceder a servicios de terapia y apoyo, especialmente en áreas rurales y de bajos recursos.

Precisó que, en algunos casos, se pueden utilizar medicamentos para tratar síntomas específicos del autismo, como la hiperactividad, la agresividad, la ansiedad o los trastornos del sueño.

“Estos medicamentos, que deben ser recetados y supervisados por un médico, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, al reducir la intensidad de estos síntomas y facilitar su participación en actividades diarias”, indicó.

Ante esta situación, la senadora del PRI solicitó al Gobierno Federal que garantice el abasto de medicamentos como la risperidona, fluoxetina, metilfenidrato, escitalopram y memantina en las instituciones de salud pública, así como en las farmacias privadas, porque estos son necesarios para el tratamiento y control de dicha condición.

También pidió que, a través de las instituciones de salud pública, se diseñe un modelo de atención personalizada a los menores de edad y en las personas adultas que lo requieran, a través de un procedimiento para la realización de estudios pormenorizados que permitan tener un diagnóstico individualizado de esa condición.

Así como establecer que su incumplimiento por parte de los médicos responsables sea objeto de multas, con independencia de que dicha acción u omisión pudiera constituir algún delito por una eventual negligencia médica.