Organizaciones y especialistas impulsan nuevas métricas para garantizar la seguridad hídrica en América Latina, en medio de un panorama de sequías, y para revalorizar el uso del agua para casos domésticos, industriales y de generación de energía.

Al participar en el World Water Week 2022, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fernando Miralles-Wilhelm, investigador del centro The Nature Conservancy, ha destacado que no existe un conjunto de métricas homologadas por los fondos de agua para monitorear y evaluar su impacto en la seguridad hídrica.

Ha detallado que la seguridad hídrica se define como “la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para la sostenibilidad de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico”.

Además, ha considerado necesario garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el líquido, así como la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política.

En sus apuntes, Miralles-Wilhelm ha explicado que se proponen cinco dimensiones para cuantificar la seguridad hídrica: índice de escasez de agua, seguridad del agua en el hogar, seguridad hídrica económica, seguridad hídrica ambiental y seguridad ante desastres relacionados con el agua.

Recientemente el BID propuso un enfoque regional con un diagnóstico producido a nivel país en el que también se utilizan múltiples “dimensiones clave” para lograr la seguridad hídrica en los fondos de agua.

Desde 2011, se originó la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que es un acuerdo entre el BID, Fundación Femsa, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), The Nature Conservancy, entre otras organizaciones multilaterales.

En total esta alianza contempla la supervisión de una red de 26 fondos de agua en 10 países latinoamericanos, entre los que destacan México, Brasil, Colombia, Ecuador, Brasil y Chile.

Ana Laura Elizondo, jefa de seguridad hídrica en Fundación Femsa, ha coincidido en avanzar en un sistema de datos más integrados que faciliten una planificación más eficiente en el uso del agua en sus distintas escalas, ya sea en su manejo en las cuencas, en entornos urbanos, así como a nivel de un país.

Elizondo ha asegurado que la prioridad es implementar prácticas sustentables y sostenibles de inmediato, ya que no se puede esperar a que los productos y los datos “sean perfectos”, sino que se trata de “ir haciendo algo secuencial”.

Peter Penning, socio director de ALO Advisors, ha resaltado que un factor importante al administrar el líquido es recordar la relación entre la oferta y la demanda.

Ha comentado que con estos índices se pueden identificar los consumos de un sector económico o social en específico, y con ello, tomar las medidas adecuadas para abordarlo.

“Y lo ideal es que obtengan datos en tiempo real o realmente actualizados, y que tengan procesos de recopilación de datos automatizados”, ha añadido.

En un estudio reciente, la calificadora Moody’s indicó que los cambios climáticos provocarán sequías más frecuentes, aumentando los riesgos para la operación de hidroeléctricas en Latinoamérica, que generan el 40 % de la energía en la región.

“El desarrollo de la energía hidroeléctrica alcanzará su punto máximo en 2022; los riesgos ambientales limitan la expansión”, apuntó Moody´s en su informe de finales de julio pasado.